“El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) considera que, desde el punto de vista fiscal, es necesario avanzar en una reforma de pensiones», sostuvo el presidente del organismo, Jorge Rodríguez, al hacer un análisis ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Esto, agregó, «para mitigar las presiones de gasto exclusivamente sobre el pilar no contributivo. Hasta el minuto, como no ha habido una reforma previsional que dé una solución más integral en la materia, todo el peso de avanzar en solucionar esta materia ha estado en la PGU (Pensión Garantizada Universal)”.
Destacó que el gasto en ella alcanza actualmente a 2% del PIB. Y que si en el tiempo se legislara para que avance en línea con los salarios reales, llegaría a 7% del PIB al 2050.
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Aseveró, asimismo, que «uno podría pensar que ese es un escenario de no reforma, en que todo el peso se sigue poniendo en la PGU, como ha sido desde los últimos años. Eso es importante tenerlo a la vista, porque ese pudiera ser el camino a recorrer en caso de que no hubiera una reforma”, agregó.
Hizo notar también que actualmente el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) tiene un muy bajo nivel frente a los compromisos fiscales en pensiones actuales.
HAY 11 RIESGOS FISCALES
Jorge Rodríguez dijo que el CFA identificó 11 riesgos fiscales del proyecto de reforma de pensiones, «pero para cada riesgo fiscal identificamos alguna propuesta de mitigación».
«No son insalvables, sino que son importantes de abordar, y tenemos propuestas concretas sobre cómo se pueden abordar», enfatizó.
Aclaró que podría ser a través de indicaciones, compromisos, o protocolos, «o el acuerdo que se tome, porque se podrían materializar en otros proyectos de ley, o podrían materializarse en estudios, según voy especificando caso a caso».
Detalló que el primer y principal riesgo fiscal es la “sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal que implica la reforma”.
Eso, porque “la fuente de ingresos permanentes adicional que contribuye a financiar los gastos permanentes de la reforma es la ley de cumplimiento tributario, que en régimen se espera que recaude el equivalente a 1,5% del PIB por año».
Sinn embargo, «dicha recaudación es requerida no solo para nuevos gastos en materia previsional».
HAY FORMA DE MITIGAR
Sobre ese punto Rodríguez dijo que eso se puede mitigar partiendo «con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal, y activar su aumento (ya sea en cobertura o monto de los beneficios) en la medida que se cumplan ciertas condiciones a partir de gatillos automáticos».
Como segundo riesgo fiscal del proyecto mencionó el “monitoreo integral de los riesgos fiscales del Gobierno Central y el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)”.
Tercero, mencionó «revisar el rol del FRP como instrumento de apoyo al financiamiento de obligaciones fiscales previsionales», pues «las reglas de acumulación y uso FRP no quedarían compatibilizadas, perdiendo efectividad en su rol, que ha sido relevante en el pasado”.
En cuarto lugar planteó la “fijación de metas superavitarias de balance estructural a mediano plazo”.
Quinto, está el «fortalecimiento de institucionalidad».
Rodríguez sí consideró positivo que «el proyecto establece que el Consejo Consultivo Previsional (CCP) deberá efectuar un análisis de suficiencia del monto de la PGU y elaborar un informe con una propuesta de aumento, el que será analizado por el CFA, para que se pronuncie sobre las fuentes de financiamiento. El riesgo es que estas instituciones deben contar con las capacidades y con la información adecuada y oportuna para realizar estas tareas”.
PRESIONES DE GASTO
Como sexto punto de la reforma de pensiones la CFA estableció la «cuantificación y control de otras presiones de gasto que podrían surgir por la reforma”.
Ello, porque “el incremento de la cotización en siete puntos porcentuales puede generar presiones de gasto público que, si bien no corresponde registrar en este proyecto directamente, es necesario cuantificar y controlar».
El séptimo riesgo es una “evaluación de efectos macroeconómicos de la reforma y sus efectos fiscales indirectos”, porque “existen efectos macroeconómicos de la reforma (por ejemplo, en ahorro, inversión, empleo, PIB), que pueden generar efectos fiscales indirectos, tanto positivos como negativos».
En octavo lugar apareció la gobernanza del FAPP. “El Seguro Social será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que la gestión de inversiones del FAPP estará a cargo de un organismo autónomo y técnico, con un consejo directivo que contará con importantes facultades. Este organismo deberá velar por la sustentabilidad del fondo, que llegará a administrar recursos equivalentes a más del 15% del PIB, lo que requiere de una gobernanza de muy alta calidad».
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
En el lugar número nueve, planteó que «a evidencia internacional sobre el envejecimiento de la población indica que es necesario realizar ajustes a las edades de jubilación, preferiblemente de forma gradual e implementando incentivos. Sin embargo, en esta reforma, este tema se aborda solo con algunos incentivos propuestos”.
El décimo riesgo es la calibración de la capitalización del FAPP. «En un contexto de estrechez fiscal, como lo indican las proyecciones más recientes, se debe evaluar si esos recursos son más requeridos para el pilar no contributivo y pudieran aportarse al FRP, o bien, orientarse a otras prioridades o contribuir al objetivo de alcanzar superávits fiscales que fortalezcan la sostenibilidad fiscal”.
El último es que «la reforma genera un pasivo contingente, dado por el compromiso del gobierno central de solventar al FAPP para cumplir con sus compromisos, más allá de los aportes que ya consigna la ley».
