La controversia por la cirugía preferente realizada a la madre de la exministra de Salud Ximena Aguilera dio un giro clave este lunes, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago abriera la puerta a una investigación penal contra la exsecretaria de Estado y el expresidente Gabriel Boric. Con esta decisión, el caso deja de ser solo una polémica administrativa y pasa a instalarse formalmente en el ámbito del Ministerio Público.
El tribunal revirtió por unanimidad la decisión del Octavo Juzgado de Garantía, que en enero había declarado inadmisible la acción presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana. A partir de ahora, será la Fiscalía Oriente la que deberá indagar los antecedentes vinculados a la operación de cadera practicada el 23 de diciembre de 2025 en el Hospital del Salvador, así como las eventuales responsabilidades penales atribuidas a ambas exautoridades.
LA CAUSA ENTRA EN UNA NUEVA FASE
La ofensiva judicial sostiene que en este episodio podrían configurarse delitos como tráfico de influencias, fraude al Fisco, prevaricación administrativa, omisión de denuncia y negación arbitraria de prestaciones públicas. Más allá del fondo de esas imputaciones, el fallo marca un punto político sensible: por primera vez, la controversia por el presunto trato preferente en la red pública de salud entra de lleno en una etapa investigativa penal, con posibilidad de declaraciones y diligencias sobre exautoridades del más alto nivel.
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El querellante, representado por el abogado Raimundo Palamara, valoró la resolución de la Corte y sostuvo que la decisión impide cerrar anticipadamente una causa que, a su juicio, requiere ser esclarecida en sede penal. En esa línea, afirmó que el fallo permite avanzar en la eventual determinación de responsabilidades por hechos que calificó como graves de la exministra Aguilera.
CONTRALORÍA ELEVÓ LA PRESIÓN POLÍTICA
La resolución llega además después de la difusión de un informe de Contraloría que detectó contactos previos entre el entonces jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera, y directivos del Hospital del Salvador antes del ingreso de la paciente, además de advertir que no existían motivos que justificaran una intervención preferente. Ese antecedente elevó la presión política sobre la exministra y reactivó a la oposición, que ya anunció nuevas acciones, entre ellas una acusación constitucional y una denuncia penal.
Con este fallo, el caso cambia de escala: ya no se discute solo si hubo una atención irregular en un recinto público, sino si esa actuación derivó en responsabilidades penales y en un eventual uso indebido de poder desde el corazón del gobierno anterior.
#HoyEsNoticiaCNN | May Chomali, ministra de Salud, caso de exministra Aguilera: «Vamos a esperar lo que dicen los organismos competentes. No voy a opinar sobre el tema»@matiburgos
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— CNN Chile (@CNNChile) March 23, 2026
