Finalmente, y después de casi seis meses trabajando, la Comisión Especial Investigadora que indaga en las licitaciones del Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia -Mejor Niñez- despachó a Sala el informe de consenso aprobado unánimamente.
Al respecto, un comunicado del PPD dio a conocer que «la implementación del servicio se realizó de forma apresurada y desprolija», producto de un «actuar descoordinado entre el Sename, el nuevo servicio y otros organismos del Estado».
Si en la cámara el documento es ratificado, este será luego enviado a los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Vivienda, Salud, Justicia e Interior. En prarlelo también se entegará a la Presidencia de la República, la Subsecretaría y Defensoría de la Niñez, a la repartición investigada, entre otros.
El documentó en sí aborda los fallidos concursos públicos para programas ambulatorios y las listas de espera para NNA -niños, niñas y adolescentes-. A ello se suman una serie de recomendaciones administrativas y legales para mejorar al servicio.
«SE ESTÁN GENERANDO RECIEN MEJORAS»
El presidente de la Comisión, Héctor Ulloa (IND-PPD), señaló que el informe «refuerza la idea de que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser nuestra absoluta prioridad». Lo que significa evitar que se vulneren sus derechos fundamentales y que sean expustos a redes de explotación sexual infantil.
Respecto al escaso tiempo de implementación de Mejor Niñez, Ulloa comentó que es la «razón por la cual han existido bastantes inconvenientes». Eso y que «los primeros recursos que el servicio obtuvo fue a través de la Ley de Presupuestos para 2023», por ello es que «se están generando recién mejoras» en infraestructura y licitaciones.
En cuanto a la Subsecretaría de la Niñez, indicó que tiene «responsabilidades políticas respecto del diseño y la implementación». A razón de aquello debe, junto al Ministerio de Desarrollo Social «colocar el foco urgente en mejorar las condiciones de vida» de las NNA involucradas.
A ojos de la Comisión, lo más urgente es trabajar en materia de «salud mental, de listas de espera, y que no sigan evidentemente sufriendo vulneraciones de derechos tan básicos, como estar expuestos permanentemente a redes de explotación sexual».
