La comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura desde el 2019 a la fecha realizó las conclusiones y propuestas formuladas a partir de los antecedentes reunidos durante las sesiones.
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Fue con nueve votos a favor, que el informe de la comisión pasó hasta la sala de la Cámara de Diputados, donde será presentado por la parlamentaria Yovana Ahumada, debido a que es representante de la Región de Antofagasta.
11 PUNTOS EN CONCLUSIONES
- Sobre precios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos. La polémica gestión financiera de Procultura.
- Cuando los controles fallan, el caso Procultura y la debilidad institucional.
- El laberinto de recursos en la intrincada red de empresas tras Procultura.
- Convenios exprés, modo operandi recurrente y asignaciones directas cuestionadas a nivel nacional.
- Cheque en blanco: la ineficiente evaluación institucional que benefició a Procultura.
- Recursos públicos. Las relaciones tras las asignaciones a Procultura.
- Grave vacío en procedimientos permitió entrega irregular de recursos públicos a Fundación Procultura.
- Sin fines de lucro, la opacidad tras transferencia a Procultura.
- La omisión de inhabilidades y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y Fundación Procultura.
- Recursos públicos en riesgo. La incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a Procultura.
- El silencio de Irina Karamanos. Ausencia que impide aclarar vínculos con el caso por Procultura.
Fue en el último punto que se borró debido a que según explicaron desde la comisión que la invitación a Irina Karamanos no se concretó.
«REFORMAS PROFUNDAS
“En vista de lo anterior, esta Comisión Especial Investigadora concluye que nuestra institucionalidad requiere urgentemente reformas profundas y efectivas que fortalezcan su capacidad real para recuperar y proteger los recursos públicos asignados irregularmente. Es imprescindible contar con garantías sólidas y efectivamente exigibles, protocolos ágiles y estandarizados para el cobro inmediato ante irregularidades y mecanismos institucionales capaces de actuar preventivamente frente a cualquier riesgo patrimonial que pueda afectar al Estado”, expresaron en el escrito.
“En definitiva, el caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente mediante medidas legislativas e institucionales que permitan restaurar plenamente la confianza ciudadana en la administración responsable y eficaz de los fondos públicos”, señalaron.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Después, el documento apunta a las responsabilidades en donde se acusa en responsabilidad política de las Gobernaciones Regionales, en específico nombras a los gobiernos de la Metropolitana, Magallanes y Ñuble. En el segundo punto, es contra Miguel Crispi, cuando ejercía como subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo.
En tercera parte, van contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en donde señalan que la responsabilidad política que identifican es debido a “su insuficiente actuación institucional en materia de fiscalización preventiva y correctiva”.
