Solo la contralora Dorothy Pérez asistió a la tercera seesión de la comisión especial investigadora (CEI) por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende; ni la exministra Maya Fernández ni la senadora Isabel Allende se aparecieron por el Congreso.
Era la primera oportunidad en que habría convocados y había cierta expectación al respecto. La ronda de declaraciones se extenderá hasta mediados de mayo.
La nieta del exmandatario adujo «motivos personales» para explicar su ausencia; la hija, el foco en la defensa frente a su acusación constitucional.
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Tampoco llegó el subcontralor Víctor Merino, que está «haciendo uso de su feriado legal y fuera del territorio nacional» y el recién renunciado Leonardo Moreno, exjefe de seguimiento de políticas públicas del Segundo Piso, también también planteo que tenía «motivos estrictamente personales».
La contralora Dorothy Pérez expuso que el organismo solo se pronuncia sobre la legalidad del acto (no sobre «su conveniencia»).
Fue visar solo un primer paso, aclaró. Es decir, al autorizar el primer decreto se dio cuenta que se revisó la motivación para la compra del bien, su tasación y precio – que concordaba con los tres estudios entregados-, y que los antecedentes se ajustaban a derecho.
Se requería de un segundo visto bueno, con el decreto aprobatorio que debía emitir Bienes Nacionales para cerrar definitivamente la compraventa. Esta se frenó cuando el caso trascendió a la prensa.
«INCONSTITUCIONALIDAD FLAGRANTE»
Tras la exposición de Dorothy Pérez el diputado Andrés Longton, presidente de la comisión investigadora, dijo que «la Contralora fue muy clara respecto a las etapas para declarar la ilegalidad de un decreto, especialmente cuando hay inhabilidad manifiesta de las autoridades involucradas».
A su juicio, «lo más grave es que la familia Allende participó directamente en la fijación del precio de la propiedad, sin que este procedimiento estuviera debidamente constatado, lo que configura una clara irregularidad».
El diputado añadió que «aquí hay 17 abogados involucrados, muchos con posgrados y experiencia docente, que no advirtieron una inconstitucionalidad flagrante. Eso nos lleva a sospechar que hubo algo más».
Longton cuestionó específicamente la ausencia de Leonardo Moreno en la reunión: «Parece ser una práctica habitual renunciar para no venir a dar explicaciones. Su inasistencia refuerza la sensación de que aquí hay mucho que ocultar», ironizó.
Por su parte, la diputada Paula Labra lamentó que «las dueñas de la casa no tuvieron la decencia de dar la cara. Para una exministra y una senadora, es difícil encontrar una excusa válida para reconocer ante todo Chile la inmoralidad de intentar concretar este negocio, inclusive transgrediendo la Constitución».
Añadió que «el decreto podrá haberse ajustado a derecho, pero aquí lo relevante es quiénes hicieron vista gorda de las alertas de inconstitucionalidad. No podemos culpar al funcionario de la última línea cuando fueron las autoridades quienes tomaron las decisiones».
Tanto Longton como Labra anunciaron que insistirán en invitar a la comisión a la exministra Fernández y a la senadora Allende para que entreguen sus versiones de los hechos.
