La imposibilidad administrativa se le pasó al Ejecutivo, a las personas involucradas y a la Contraloría: la compra por parte del Estado para hacer una casa museo en la que fuera residencia del exPresidente Salvador Allende podría ser inconstitucional.
Da lo mismo que algunos hayan considerado que se pagaría un precio muy elevado por esa vivienda y por la del también exPresidente Patricio Aylwin (más de $2.200 millones en conjunto).
El punto es que la transacción involucra a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exjefe de Estado socialista.
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Y según el artículo 37 bis de la ley 20.414 sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
Ese es el caso de Maya Fernández.
Para peor, otra de las dueñas de la casa ubicada en la calle Guardia Vieja de Providencia es la senadora en ejercicio Isabel Allende Bussi, hija del exMandatario.
En su caso aplica el Artículo 60 de la ley 20.414: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (…)”.
VUELVE LA MINISTRA
Al anunciar la compra de la casa de Salvador Allende y la de Patricio Aylwin el ministerio de Bienes Nacionales explicó que la compra se haría “reconociendo el importante rol que jugaron dos exmandatarios de la República en la historia de Chile y en la construcción de nuestra patria”.
Agregó que «este proceso se inició con la toma de razón de los decretos de adquisición por parte de la Contraloría General de la República, el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de preservar y valorar como patrimonio de la nación lugares significativos en la vida de los exmandatarios».
Pero pronto saltaron las alarmas. Tanto, que desde Bienes Nacionales estarían coordinando el retorno de la ministra Marcela Sandoval desde sus vacaciones para atender la crisis.
Mientras, la ministra de Defensa acompaña al Presidente Boric en su viaje al Polo Sur.
CONTROL DE DAÑOS
Durante la mañana el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que “la realización del procedimiento respectivo está a cargo del ministerio de Bienes Nacionales y es en ese contexto donde se ha llevado a cabo. Es un procedimiento que todavía está en curso”.
Añadió que es “donde se han hecho las evaluaciones legales”.
En todo caso, aclaró que la adquisición de la casa de Allende “no es una compra, entiendo yo, finiquitada”.
En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, dijo que “se está haciendo un análisis exhaustivo, legal, mirando todas las aristas para entender cuál es la mejor forma de hacer aquello para evitar cualquier problema posterior”.
Agregó que “tanto el ministerio de Bienes Nacionales como el de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y con la mayor transparencia posible”.
Desde la oposición, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, alegó que «no puede ser que se compre, por parte del Estado de Chile, el inmueble a una ministra de Estado».
Asimismo, advirtió que como bancada evaluarán recurrir al Tribunal Constitucional o a la Contraloría General de la República.
