«A nadie le gusta estar querellado. Yo creo que es una mala noticia para el control público, pero creo que no hay que perder de vista lo que ha ocurrido: se hizo una auditoría a la Asociación de Farmacias Populares, en esa auditoría hay hallazgos graves y, por lo tanto, eso ameritó que se determinara cuál es la responsabilidad y esa responsabilidad se acreditó en un sumario, sumario que todavía no ha concluido», dijo el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, respecto del libelo en su contra presentado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), por el delito de «violación de secreto».
La acción judicial, donde el exprecandidato presidencial es representado por el abogado y exfiscal nacional Sabas Chahuán, también va dirigida contra el fiscal instructor de la Contraloría, Christian Prunes. Apunta a la filtración a los medios de comunicación y redes sociales de los detalles del sumario que lleva el organismo contralor y donde se le imputa al edil una eventual «falta de probidad» en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), donde actuó como representante legal hasta que esa organización entró en liquidación por insolvencia.
«Desgraciadamente, a través de una querella que se ha presentado en mi contra y en contra del fiscal, lo que se está tratando de hacer es desviar un poco la atención», comentó Bermúdez.
«Pareciera ser que se está tratando de invertir los papeles, si en el fondo lo que hemos hecho ha sido nuestro trabajo para poder determinar qué pasó con esos recursos públicos en ese ámbito tan importante», argumentó.
En su acción judicial, Jadue dijo que Bermúdez violó el Artículo 246 del Código Penal, que sanciona al «empleado público que revele los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregue indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados».
