La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión investigadora que indaga los actos del Gobierno en relación al mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
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En la sesión, la contralora presentó un resumen de los hallazgos ya difundidos y detalló el estado de avance de los sumarios en curso. Además, aprovechó la ocasión para respaldar el rol fiscalizador de la institución.
Durante su intervención, Pérez profundizó en una de las resoluciones emitida por el organismo que despertó varias críticas, relacionada con casos de funcionarios que asistieron a casinos mientras debían cumplir reposo médico.
ATRIBUCIONES
En ese contexto, la contralora fundamentó sus atribuciones en la Ley Orgánica de la Contraloría: “El contralor está facultado para dirigirse a cualquier jefe de oficina, a cualquier funcionario o a cualquier persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, para requerir datos o informaciones y también para dar instrucciones relativas al servicio”, señaló.
Agregó que la normativa también establece que “se puede requerir de las distintas autoridades y servicios los datos e informaciones que se requieran por parte de la Contraloría para el mejor desempeño de sus labores. Y luego, la norma establece que si es que existe alguna disposición que establezca secreto o reserva sobre determinados asuntos, nótese que la ley usa la palabra secreto y también reserva. O sea, incluso la información más secreta que se posee en nuestro país por parte de la administración pública está sujeta a ser entregada a la Contraloría”.
“Este secreto no obsta a que se le entregue a la Contraloría la información o antecedentes que se requieran para el ejercicio de la fiscalización. Pero, por supuesto, la Contraloría y todo su personal tiene la obligación de guardar tal reserva o secreto y darle el tratamiento que la ley autoriza a dicha información”, recalcó.
Finalmente, Pérez defendió el rol fiscalizador del organismo: “Estoy haciendo presente esto a la luz de consultas que nos han llegado y también hasta columnas que he leído de profesores que reclaman respecto de que la Contraloría no tendría atribuciones para fiscalizar esta materia y que la Superintendencia tampoco lo tendría. Y eso no es así”.
