Política

Contralora detalla impacto de recortes en fiscalización

Cristian Navarro H.

Periodista

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Dorothy Pérez, contralora general de la República. Foto: Agencia Uno.
La autoridad detalló que su propuesta original contemplaba un incremento de 8,5% en el presupuesto, pero Hacienda solo autorizó un 1,5%.

En plena discusión de la Ley de Presupuestos 2026, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, lanzó una severa advertencia ante la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso: sin recursos adicionales, las plataformas tecnológicas del organismo podrían colapsar.

Durante su presentación, Pérez informó que el Ministerio de Hacienda rechazó la solicitud de aumento presupuestario hecha por la Contraloría, lo que pone en riesgo la continuidad de sistemas esenciales para el control estatal. “Se nos están otorgando recursos para una parte de esas soluciones, pero $1.200 millones están faltando y sin eso corremos el serio riesgo de que nuestras plataformas se caigan”, enfatizó.

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DOS SOLICITUDES CRÍTICAS: PERSONAL Y ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO

La autoridad detalló que su propuesta original contemplaba un incremento de 8,5% en el presupuesto, pero Hacienda solo autorizó un 1,5%. Frente a esta diferencia, la Contraloría priorizó dos puntos que considera indispensables:

  1. Incorporación de 10 profesionales adicionales para reforzar la revisión de procesos sumariales.
  2. Asignación de $1.200 millones extra para adquirir licencias tecnológicas y ampliar la capacidad de almacenamiento informático.

 

Estos recursos permitirían fortalecer la infraestructura digital necesaria para procesar la creciente cantidad de documentación electrónica de la administración pública, en especial a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).

PLATAFORMAS OBSOLETAS Y EXIGENCIAS LEGALES EN AUMENTO

Pérez explicó que, al asumir la subrogancia, solicitó un diagnóstico de todas las plataformas informáticas, detectando un nivel de obsolescencia cercano al 50% en promedio. Esta situación es consecuencia de años sin recursos suficientes para mantenciones y actualizaciones.

A ello se suma un mayor volumen de rendiciones electrónicas, impulsado por leyes recientes aprobadas por el Congreso, que incluyen a ejecutores privados. Según la contralora, esta nueva carga “se nos ha venido encima como una ola”, por lo que distribuir el refuerzo tecnológico en tres años —como propone Hacienda para el fortalecimiento del SISREC— no responde al ritmo real de las demandas legales.

UN PRESUPUESTO QUE NO ACOMPASA LAS FUNCIONES DE CONTROL

El presupuesto proyectado para 2026 asciende a $115 mil millones, con un alza de solo 1,5% respecto de 2025. De esa cifra, $114 mil millones corresponden al funcionamiento general de la Contraloría y $1.421 millones al fortalecimiento del SISREC. Sin embargo, los $1.200 millones adicionales solicitados para almacenamiento no están contemplados en la propuesta enviada al Congreso.

La contralora cerró su intervención subrayando que la solicitud no busca cubrir toda la brecha original, sino asegurar el funcionamiento básico de los sistemas de fiscalización y rendición electrónica, pilares de la labor institucional: “Estos dos aspectos son críticos para nosotros”.

 

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