La Contraloría General de la República abrió una investigación sumaria contra el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza Gaete, tras la denuncia presentada por el concejal de oposición y militante del Frente Amplio, Michael Urra, quien pidió esclarecer posibles irregularidades en el uso de licencias médicas por parte del actual jefe comunal cuando aún era funcionario del municipio.
Lea También: Contraloría revela que municipios pagaron $388 mil millones por licencias
La acción fue motivada por la publicación de un reportaje en The Clinic, en el que el propio alcalde reconoció haber viajado a la ciudad de Tacna, en Perú, mientras se encontraba con licencia médica. La situación generó inquietud entre los integrantes del concejo municipal, quienes conocieron los hechos a través de la prensa.
EL VIAJE DEL ALCALDE
Tras la publicación, Urra ingresó una presentación formal a Contraloría solicitando la apertura de un sumario administrativo y, además, la ampliación del periodo investigado, con el objetivo de determinar si se trata de una conducta puntual o reiterada en el tiempo.
“La apertura de esta investigación es una señal clara de que las instituciones funcionan cuando se fiscaliza con responsabilidad. No se puede decir que se está con licencia médica y, al mismo tiempo, estar viajando al extranjero. La probidad y la transparencia no son opcionales”, señaló el concejal de Macul.
El caso se conoce en un contexto más amplio, en el que la Contraloría ha alertado sobre el uso irregular de licencias médicas en el sector público. De acuerdo con el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9, entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos o de entidades que cumplen funciones públicas habrían incumplido su reposo médico al viajar fuera del país durante dicho periodo.
LA INVESTIGACIÓN SUMARIA
La investigación sumaria contempla ahora una revisión de antecedentes, registros migratorios y declaraciones. Si se comprueban irregularidades, Contraloría podrá aplicar sanciones administrativas, y de detectarse eventuales delitos, los antecedentes podrían ser derivados al Ministerio Público.
“El uso indebido de licencias médicas no solo afecta la fe pública y los recursos del Estado, sino que también atenta contra un derecho ganado por los trabajadores y trabajadoras, que recurren a este instrumento legítimamente para acceder al reposo que necesitan. Como concejal tengo el deber de fiscalizar y actuar cuando se vulneran principios básicos de servicio público y se banalizan derechos que costaron años conquistar”, concluyó Urra.
