Contraloría Regional de Atacama golpea a Delegado Presidencial de Chañaral por ocupación ilegal de inmueble. Las autoridades no están por encima de la ley. Por el contrario, son las primeras obligadas a cumplirla, recuerda la CGR.
El organismo fiscalizador señaló que la ocupación ilegal quedó “fehacientemente determinada como efectiva”. Además estableció que la conducta infringe el principio de probidad administrativa.
El pronunciamiento adquiere mayor gravedad por una circunstancia difícil de soslayar: Urrejola ejerce precisamente una de las autoridades que la ley obliga a vigilar los bienes fiscales, impedir su ocupación ilegal y exigir administrativamente su restitución.
Mil metros cuadrados y 16 años de ocupación
Los antecedentes contenidos en el oficio de Contraloría revelan que la situación tampoco es reciente. La Seremi de Bienes Nacionales detectó en un catastro realizado durante 2019 que Urrejola mantenía la ocupación ilegal. Una nueva fiscalización realizada el 2 de junio de 2026 confirmó que la situación continuaba.
Según Bienes Nacionales, la autoridad instaló una construcción de material ligero en un terreno fiscal de 1.000 metros cuadrados que mantiene cercado. El organismo estimó la ocupación en aproximadamente 16 años y estableció que Urrejola, quien actualmente reside en Chañaral por sus funciones, frecuenta el inmueble durante los fines de semana.
Aquí aparece precisamente la contradicción que Contraloría considera especialmente relevante. La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional entrega a los delegados presidenciales provinciales la obligación de vigilar los bienes del Estado, impedir su ocupación ilegal y exigir su restitución cuando corresponda.
Es decir, la autoridad encargada de impedir que terceros ocupen ilegalmente terrenos fiscales mantenía ella misma una ocupación de esa naturaleza. Más todavía, cuando son explotados comercialmente.
Contraloría establece conflicto de interés
El organismo fiscalizador fue todavía más lejos. Determinó que la situación supone un incumplimiento de las atribuciones legales de Urrejola y configura un conflicto de interés, debido a que el delegado interviene precisamente en procedimientos destinados a obtener la restitución de inmuebles fiscales ocupados ilegalmente.
La Constitución establece que quienes ejercen funciones públicas deben cumplir estrictamente el principio de probidad administrativa. La legislación exige, además, una conducta funcionaria intachable y obliga a anteponer el interés general sobre el particular.
El Informe de Contraloría ordenó por ello a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a establecer la responsabilidad administrativa de Sebastián Urrejola. Interior deberá informar a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Desalojo y cobro por la ocupación
Las consecuencias no terminan con el procedimiento disciplinario. Bienes Nacionales inició el procedimiento para poner término a la ocupación ilegal y cobrar la indemnización correspondiente por el tiempo durante el cual se utilizó el terreno fiscal.
La autoridad deberá restituir voluntariamente el inmueble. De no hacerlo, los antecedentes podrán llegar al Consejo de Defensa del Estado para iniciar las acciones legales y judiciales correspondientes.
Contraloría ordenó además a la Seremi informar documentadamente sobre el avance del procedimiento, el cobro de la indemnización y la restitución del terreno.
Una pregunta para La Moneda
El caso supera, sin embargo, la responsabilidad administrativa individual del delegado. Sebastián Urrejola no llegó accidentalmente al cargo. El delegado presidencial provincial es una autoridad nombrada por el Presidente de la República y representa territorialmente al Ejecutivo.
Urrejola asumió la Delegación Provincial de Chañaral en marzo pasado, como parte de la instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Por eso, después de un pronunciamiento en que Contraloría no habla de sospechas sino que considera “fehacientemente” acreditada una ocupación ilegal y establece además una infracción al principio de probidad, surge una pregunta inevitable para La Moneda:
¿Mantiene el Presidente de la República su confianza en una autoridad de su gobierno que, según Contraloría, incumplió precisamente una obligación que la ley le encargó hacer cumplir a los demás?
El procedimiento disciplinario determinará las responsabilidades administrativas y deberá respetar íntegramente el derecho a defensa de Urrejola. Pero existe otra responsabilidad, distinta de la disciplinaria, que no necesita esperar ese resultado: la política.
Y esa corresponde resolverla al Presidente.
