Este viernes, la Contraloría General de la República ha instruido al rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal, para que inicie un proceso disciplinario contra Elisa Loncon. La universidad le otorgó un año sabático desde el 4 de julio de 2022 hasta el 4 de julio de 2023, y esta medida se deriva de las supuestas actividades políticas que él/ella habría llevado a cabo durante ese tiempo.
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La acción se origina a partir de un requerimiento presentado por los diputados Daniel Lilayu, Gonzalo de la Carrera, Felipe Donoso, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, quienes solicitaron aclaraciones sobre diversos aspectos del permiso otorgado a Loncon.
En cuanto a la solicitud de permiso sabático, la Contraloría concluyó que Loncon cumplía con todos los requisitos necesarios y que «no se observan irregularidades» en este aspecto específico.
ACTIVIDADES POLÍTICAS EN CUESTIÓN
Sin embargo, respecto a las actividades políticas que se alegan haber sido realizadas por Loncon durante su permiso, la Contraloría manifestó que «de acuerdo con la información presentada por el Honorable Diputado Juan Irarrázabal Rossel, se evidencia que, durante el periodo de su permiso sabático, la señora Loncón Antileo participó en una serie de acciones que podrían ser interpretadas como una promoción de una de las opciones sometidas a plebiscito el 4 de septiembre de 2022».
En virtud de lo anterior, el organismo contralor ha solicitado que «el rector de esa Casa de Estudios debe iniciar un proceso disciplinario para determinar si las actividades realizadas por la señora Loncón Antileo durante su año sabático sobrepasaron los límites establecidos por el permiso concedido».
LA INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo esta investigación, se deberán considerar tanto el informe sobre las actividades de la académica en el periodo mencionado como la documentación proporcionada por el diputado Irarrázabal.
Finalmente, la Contraloría ha establecido que se debe remitir copia del acto administrativo que ordene el mencionado procedimiento a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República, en un plazo de 10 días hábiles administrativos desde la recepción de este oficio.
