En el marco del Caso Procultura, el fiscal Patricio Cooper solicitó intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric, basado en información obtenida del teléfono del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, cercano al mandatario.
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La solicitud fue rechazada por el juzgado. Además, se divulgó un pinchazo al teléfono del ex jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, en una conversación con su madre, en la que mencionó gestiones de Isabel Allende para la venta de una propiedad, lo que derivó en una investigación penal contra la ex senadora.
El caso involucra a la fundación ProCultura, creada en 2009 por Larraín y Ilonka Csillag, que incrementó significativamente sus ingresos públicos en 2021-2022 y es investigada por posible fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones de pesos con gobiernos regionales.
ALTOS DIRIGENTES
La investigación también apunta a altos dirigentes del oficialismo, incluyendo a Crispi, quien validó transferencias de fondos a la ONG en su rol como subsecretario de Desarrollo Regional.
Hasta el momento, varias autoridades regionales, incluyendo gobernadores reelectos, están siendo investigadas por su posible participación en estos hechos.
Boric, quien mantuvo una relación cercana con Larraín desde su tiempo como diputado, también aparece en el contexto, ya que en el celular de uno de los gobernadores involucrados se encontraron chats donde Larraín solicitaba acelerar proyectos para la fundación. La situación genera preocupación en sectores del oficialismo por la posible implicación de figuras de alto nivel en el caso.
