CORTE SUPREMA
La instrucción de la Corte Suprema establecía que, “en caso de ser necesario”, el procedimiento de desalojo debía coordinarse entre la municipalidad y los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.
Respecto a las gestiones en curso con las autoridades y el despliegue policial, el ministro Cordero reiteró que el Ejecutivo “está en la obligación de cumplir la sentencia judicial”.
Por su parte, Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria propietaria del terreno, anunció que en los próximos días solicitarán a las autoridades información sobre las coordinaciones realizadas, especialmente en lo referente a las medidas para reubicar a las más de 10 mil personas que residen en el asentamiento irregular.
EVITAR EL DESALOJO
Mientras tanto, los habitantes del lugar mantienen la esperanza de alcanzar un acuerdo que permita evitar el desalojo. Así lo expresó Mario Reyes, uno de los pobladores, quien afirmó que continúan a la espera de nuevas reuniones con las autoridades.
Días atrás, el abogado Pereira acusó que no se les habían concedido reuniones por Lobby. Sin embargo, la Subsecretaría del Interior, encargada de coordinar las operaciones, aclaró mediante un comunicado que las solicitudes fueron ingresadas recién este viernes. En tanto, la Delegación Presidencial informó que las peticiones se presentaron el martes 30 de septiembre.
