El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al oficio que el fiscal nacional, Ángel Valencia, enviará a Gendarmería con el fin de solicitar el listado completo de personas extranjeras privadas de libertad.
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La medida busca verificar, cruzando información propia del Ministerio Público, la identidad de cada uno de ellos y así evitar el uso de nombres falsos, como ocurrió en el caso del sicario Alberto Carlos Mejías.
Cordero precisó que dicho listado está en manos de Gendarmería y explicó que permite conocer la evolución estadística de la población penal. En esa línea, detalló que «aproximadamente hoy día tenemos que el 16% de las personas privadas de libertad son de nacionalidad extranjera, las principales nacionalidades son venezolanos, colombianos y bolivianos».
Añadió que «esa es una información que además el Ministerio Público, los fiscales, también tienen conocimiento porque esas personas se encuentran privadas de libertad en el contexto de investigaciones que están a cargo de fiscales».
ANTECEDENTES DEL CASO
Respecto a los últimos antecedentes del caso, el ministro indicó que «se ha podido detectar que él ha salido del país hacia Perú y la policía tiene completamente identificada la trazabilidad y los horarios en los cuales sucedió».
Sin embargo, evitó referirse a si Mejías abandonó el país por un paso no habilitado o a su actual paradero. «Forma parte de la investigación, es reservada y tiene que ver con el éxito de la investigación», afirmó.
Consultado sobre la colaboración con policías de otros países, Cordero destacó que «en los casos de América Latina, en el caso de los países vecinos en particular, existe una intensa cooperación policial, en el caso de Perú, muy activamente para procedimientos de la policía peruana y para procedimientos de la policía chilena».
También señaló que «con Venezuela hay cooperación policial, no tenemos cooperación consular, dado que no existen relaciones diplomáticas, pero una de las razones por las cuales se obtiene la identificación de este sujeto es precisamente por la cooperación policial a través de Interpol».
