“Es conveniente hacer algún tipo de corrección, reconociendo que fue un lapsus, porque (la defensa de Galvarino Apablaza) puede ocupar ese argumento, de que en Chile no hay garantía del debido proceso”, advirtió el exministro de Justicia y Derechos Humanos, y también de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto del nuevo traspié comunicacional que sufrió la vocera de gobierno, Mara Sedini, sobre el caso de quien es sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.
Ayer, desde La Moneda, la secretaria de Estado enfatizó que el exfrentista fue condenado por el crimen del entones senador y que debe cumplir su sentencia en nuestro país. Pero lo cierto es que este aún no ha sido juzgado acá y eso es, precisamente, a lo que apunta la solicitud para su extradición. El error no pasó inadvertido y las críticas no se hicieron esperar.
En conversación con radio Universo, el extitular de Justicia recalcó que “Chile es un Estado de derecho, tiene instituciones sólidas con ese fin, y hay garantías del debido proceso. Y la declaración de ayer de la vocera, por cierto, no contribuye, pero yo más bien lo atribuyo a un error de comunicación”.
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“Es un error que sería bueno que fuera enmendado, considerando la estrategia del Estado de Chile”, dijo.
También calificó como “impropias e irresponsables” las declaraciones del diputado Guillermo Ramírez, quien tildó de error que Cordero anunciara la inminencia del traslado de Apablaza a principios de marzo.
Recordemos que ayer la justicia argentina fue hasta su hogar en Buenos Aires para proceder a su extradición, pero el exfrentista ya no estaba ahí.
En ese sentido, el exministro aclaró que la información que manejaba su administración al dejar el cargo era que el presidente Javier Milei habría suscrito el trámite final de extradición ese mismo día. “Nosotros solo respondimos cuando la información ya era pública en Argentina. El diputado Ramírez debió llamar por teléfono antes de emitir un juicio así”, recalcó.
CASO STEINERT
El exministro Cordero también analizó la polémica que envuelve a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por el oficio enviado a la PDI solicitando explicaciones sobre movimientos de personal y la posterior petición de la baja de la jefa de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
A su juicio, “es improcedente exponer al director de la PDI a dar explicaciones al Congreso sobre reuniones reservadas. La autoridad civil debe proteger a las instituciones jerarquizadas, no exponerlas”.
