Para el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la detención de cinco funcionarios de la FACh en Iquique tras ser sorprendidos intentando trasladar droga a bordo de un vuelo institucional con destino a la región Metropolitana es una situación «especialmente sensible».
A su juicio, «es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la Defensa nacional y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque después de ellas no hay nada más».
«Entonces, esto hay que tomárselo en serio desde el principio y por ello nosotros lo hemos calificado como un hecho muy, muy grave», recalcó en conversación con radio Cooperativa.
Este caso se suma al de “narcomilitares”.
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Según el secretario de Estado, estos dos casos son especialmente complejos, porque afectan a «estructuras, en el caso del Ejército, en el caso de lo que conocemos hasta ahora de la FACh, que operan dentro de un determinado lugar para una de las áreas más estratégicas del tráfico de drogas, que es la cadena logística».
Por eso, añadió, egún apuntó el ministro, “la preocupación adicional que tiene el Ejecutivo es que son dos hechos graves que ocurren en la misma región, que es Tarapacá. Entonces, es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales. Pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la defensa nacional y a las fuerzas de orden y seguridad pública”.
Cordero apuntó que en el caso de la FACh “es un delito de tráfico, entonces no simplemente es el transporte de un punto de un recinto militar a otro. Lo clave, al igual que en el caso del Ejército, es saber quién es el proveedor. Esto es relevante desde el punto de vista del tipo de droga. Y en segundo lugar, quién es el destinatario”.
¿JUSTICIA COMÚN O MILITAR?
El ministro explicó «es cierto que en el caso de delitos comunes la justicia militar podría ser competente si ocurre por funcionarios de las instituciones armadas en recintos militares, pero también es necesario recordar que en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas se trabó contienda de competencia donde la Corte Suprema resolvió a favor del Ministerio Público».
«El Ministerio Público ha requerido la información de conformidad al Código Procesal Penal y la Fiscalía Militar lo ha negado, y la fiscal de Tarapacá ha ido a la Corte de Apelaciones. En todo caso, el Ministerio Público tiene una investigación de oficio abierta desde el día viernes», indicó.
El ministro añadió que «por cierto esto va a generar una tensión. El propósito del Gobierno es que esto se esclarezca, pero no simplemente por el transporte de una maleta, sino que el esclarecimiento completo de cuán comprometido podría estar, cuántos hechos se registraron con anterioridad y si esta es una estructura más estable al interior de esta organización».
Durante esta jornada se llevará a cabo en La Moneda una reunión entre el Presidente Boric, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Adriana Delpiano (Defensa).
