Las investigaciones judiciales en el caso Vitacura avanzan rápidamente con nuevas confesiones y condenas que profundizan el escándalo de corrupción en la alcaldía. La fiscalía Centro Norte intensifica su labor para esclarecer cómo exfuncionarios y contadores manipularon fondos públicos, apuntando cada vez más alto en la cadena de mando.
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Desde que Raúl Torrealba dejó su cargo en junio de 2021, las pruebas en su contra no dejan de sumar. La fiscalía formalizó su situación en junio de 2023 por 29 delitos, incluyendo fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios, por un daño estimado en $766 millones. La próxima reformalización, prevista para el 24 de mayo, promete ampliar aún más las responsabilidades.
LAS CONFESIONES QUE COMPLICAN A LA ELITE POLÍTICA
En los últimos meses, exfuncionarios y contadores han admitido su participación en la trama. Renato Sepúlveda, exdirector de Dideco y exembajador, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y minimiza su rol, alegando «torpeza» y «participación chiquitita». Otros, como los contadores Augusto Silva y Arnoldo Cañas, confesaron haber manipulado boletas y facturas falsas para justificar retiros y obtener beneficios económicos ilícitos.
Silva, con poder de firma bancaria y vehículo de alta gama, fue condenado a más de tres años de presidio y multas millonarias, tras admitir su participación en el entramado. Cañas, condenado a más de 540 días de cárcel en libertad, también reconoció su papel en la falsificación de documentos y la entrega de boletas ideológicamente falsas.
EL PAPEL DE LOS CONTADORES
Ambos contadores actuaron como piezas clave para justificar los gastos inflados y mantener el flujo de dinero ilícito. Según la fiscalía, eran los encargados de crear documentación falsa, como boletas y facturas, para legitimar operaciones que en realidad eran parte de un esquema de desfalco y financiamiento ilegal a campañas políticas.
Entre los principales actores, destacan el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba y Domingo Prieto, quienes ordenaban y canalizaban los fondos ilícitos, y Antonia Larraín, quien también reconoció su participación en el desvío de recursos durante su gestión en Dideco. La investigación apunta a que estos personajes, aún sin juicio, enfrentan penas de prisión potenciales, a menos que acepten acuerdos abreviados.
EL FUTURO JUDICIAL
Los condenados en juicios abreviados tienen la oportunidad de colaborar para reducir sus penas, pero la investigación sigue avanzando en busca de ampliar la responsabilidad de los personajes aún no juzgados. La audiencia de reformalización del 24 de mayo será clave para definir el rumbo del proceso.
Este caso refleja cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones municipales y cómo la justicia trabaja para desmantelar estas redes. La colaboración de confesos y la evidencia recabada muestran que ningún nivel de la cadena está exento de responsabilidad.
