La Corte de Apelaciones aplazó la audiencia de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, que estaba fijada para el 4 de septiembre, tras acoger la petición de su defensa. La diligencia quedó reprogramada para el 11 del mismo mes a las 08.30 horas, en medio de una investigación que no solo lo involucra a él, sino también a su círculo más cercano.
UNA RED ENTRE POLÍTICA Y NEGOCIOS
El parlamentario —esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga— enfrenta cargos por tráfico de influencias y fraude al Fisco, acusaciones que apuntan a una supuesta defraudación de más de $93 millones. El Ministerio Público sostiene que Lavín León utilizó la plataforma Socialtazk, vinculada a sus hermanos Juan Pablo y María Estela Lavín, para favorecer a candidatos de la UDI y a su propio partido, valiéndose de fondos públicos del Congreso.
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La fiscalía destacó que la aplicación copió los servicios de la empresa Panel Ciudadano, propiedad de Juan Pablo Lavín, y que Joaquín Lavín León la ofreció gratuitamente a más de 70 candidatos entre 2020 y 2021, a cambio de acceder a sus bases de datos de campaña.
ARISTAS JUDICIALES Y FINANCIERAS
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió el caso al presentar una querella por financiamiento ilegal de la política, señalando que Lavín, junto a su asesor Arnaldo Domínguez y a los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, habrían rendido gastos falsos y abultados sin prestación de servicios.
De esta manera, la investigación no solo compromete al diputado, sino que revela un entramado familiar y político que, según la fiscalía, habría operado bajo un esquema de beneficios cruzados entre la actividad parlamentaria, campañas electorales y empresas privadas.
La @fiscaliaoriente solicita desafuero del diputado Joaquín Lavín León pic.twitter.com/EwjTdZRYx8
— Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) June 27, 2025
