La Corte Suprema ratificó el viernes 11 de julio la sentencia que obliga al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), y a otros cuatro exfuncionarios de la administración municipal a reintegrar 818,08 UTM –equivalente a más de $56 millones– por concepto de perjuicio al erario comunal derivado del pago atrasado de cotizaciones previsionales entre los años 2015 y 2016.
Los condenados eran responsables de diversas áreas dentro del municipio, incluyendo los departamentos de Educación, Control y Finanzas.
La irregularidad fue detectada en un informe de investigación especial realizado por la Contraloría, que evidenció que los atrasos en el pago a las AFP, Isapres e IPS generaron multas e intereses asumidos por la Municipalidad de Recoleta.
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Durante el proceso judicial, los acusados argumentaron que las demoras fueron causadas por problemas administrativos, como la tardanza en las transferencias del Ministerio de Educación o la merma de ingresos municipales producto de una baja asistencia escolar.
No obstante, los tribunales sostuvieron que la administración debió haber previsto tales contingencias y descartaron estos factores como atenuantes. La resolución judicial apuntó a una “descuidada administración del presupuesto municipal” como causa del perjuicio fiscal.
SUPREMA CIERRA EL CASO
El equipo jurídico de Jadue presentó un recurso de queja el 6 de diciembre de 2024, argumentando que en el juicio previo no se cumplió con el debido proceso, ya que no se habría efectuado un examen formal de cuentas –requisito fundamental para este tipo de procedimientos–, sino solo una auditoría.
Además, denunciaron que la notificación del inicio del proceso no se realizó dentro de los plazos legales.
Pese a ello, la Corte Suprema no abordó el fondo del recurso. Su decisión de rechazarlo se basó exclusivamente en que fue ingresado fuera del plazo legal, lo que dejó firme y ejecutoriada la sentencia anterior.
Con esto, el exalcalde y los demás exfuncionarios deberán reintegrar los recursos a la Municipalidad de Recoleta, cerrando así un extenso proceso judicial que deja a Jadue nuevamente en el centro del debate público.
