La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de la fiscalía y ordenó el desafuero del diputado de la bancada de Demócratas Miguel Ángel Calisto, quien es investigado por presunto fraude al fisco.
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El Consejo de Defensa del Estado había interpuesto también una querella contra Calisto por la contratación de una asesora que no habría acreditado el cumplimiento de su labor.
Calisto ha alegado inocencia y anticipó que apelarán al desafuero ante la Corte Suprema.
«Lamentablemente el criterio de la corte es distinto a la visión que presentó nuestra defensa. A nosotros nos llama profundamente la atención que no se haya considerado, por ejemplo, elementos tan importante como el informe del consejo de asignaciones donde refleja que la asesora entregó todos los informes correspondientes en todos los meses correspondientes”, expresó el congresista.
“Nosotros estamos absolutamente tranquilos y convencidos respecto de nuestra defensa y, por supuesto que vamos a llegar a la Corte Suprema, donde esperamos que el criterio sea distinto”, añadió.
Si la Corte Suprema confirma el desafuero de Calisto, el parlamentario podría ser imputado por la fiscalía.
FRAUDE AL FISCO
Los antecedentes de la investigación apuntan a que Calisto se habría coludido con la imputada Carla Graf para celebrar contratos de prestaciones de servicio en apoyo al congresista. Sin embargo, no existe respaldo que acredite el cumplimiento de la labor por la que fue contratada.
Se trataría de asesorías, coordinación y elaboración de estudios contratados a honorarios por un pago que fue aumentando con el tiempo sin justificación. De acuerdo con el CDE, la también querellada no era conocida por el equipo de Calisto como alguien que prestara sus servicios.
La CDE constató que los servicios no fueron prestados por Graf y que el diputado por la Región de Aysén, sabía de aquello y, aún así, celebró contratos con la imputada por más de $100 millones en perjuicio del Fisco.
Además, detectaron transferencias entre Graf y otros dos imputados por este caso; Ronald Cárcamo y Felipe Klein. A los tres involucrados también se les interpuso la querella por incurrir en maniobras para desviar dineros públicos que provenían de asignaciones parlamentarias.
Los montos desviados habrían sido utilizados para financiar campañas y gastos particulares.
