La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección en contra del ministerio de Vivienda que interpuso la municipalidad de Santiago el 20 de enero pasado para evitar la construcción de la ampliación de la cárcel Santiago 1 en la comuna.
Era contra la secretaría de Estado, pues fue la que visó la modificación del plan regulador comunal que habilitó la edificación del penal.
Dos días después la justicia rechazó la presentación.
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Argumentó que “la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, por cuanto no resulta ser la vía idónea al efecto, toda vez que aquéllos deben ser discutidos y probados en un procedimiento judicial de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección”.
El alcalde Mario Desbordes insistió y recurrió de reposición frente a esa disposición. Pero también le fue mal, porque el martes 28 la corte lo rechazó diciendo que “los argumentos expuestos no logran hacer variar aquellos fundamentos tenidos en consideración al momento de dictar la resolución impugnada”.
A LA CORTE SUPREMA
El jefe comunal dijo al respecto que «la Corte no ha dicho que la construcción sea legal o que se ajuste a derecho el procedimiento que optó el Gobierno a través de estas modificaciones para el regulador».
«Lo que la Corte ha dicho es solamente de que esto no hay que hacerlo por la vía de un recurso, sino que hay que hacerlo por la vía de una denuncia civil», agregó respecto de la construcción de la cárcel en Santiago.
También hizo notar que la determinación no fue unánime.
Por todo esto, aseguró, “hemos decidido apelar la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Si es que la Corte Suprema le da la razón a la Corte de Apelaciones, vamos a demandar por la vía ordinaria».
«NO CORRESPONDE»
Enfatizó, asimismo, que «vamos a hacer todas las acciones judiciales que sean posibles. Vamos a pedir que se detenga la construcción, si es que se inician los procesos. Vamos a hacer todo lo necesario para que esa cárcel no se construya, porque estamos convencidos que técnicamente no corresponde una cárcel de alta seguridad en ese lugar».
También aseveró que «estamos convencidos de que el proceso no está correcto. El Gobierno está construyendo una nueva cárcel, no la ampliación de una cárcel anterior. Por lo tanto, los procedimientos que se están usando por parte del ministerio de Vivienda son completamente ilegales».
De paso, criticó el manejo de la administración anterior del municipio en esta materia.
A su juicio, durante la alcaldía de su antecesora, Irací Hassler, “se perdió tiempo valioso” y sólo hubo “un par de acciones comunicacionales”.
