En decisión unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó solicitud de desafuero de gobernador regional Claudio Orrego Larraín en el marco del cado ProCultura.
Tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa de la autoridad, el presidente del tribunal de alzada Fernando Carreño Ortega informó que «en Santiago, a 17 de febrero del presente año, se comunica que el Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín».
Añadió que «la redacción de la sentencia queda a cargo de la ministra señora Sandra Araya Naranjo».
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Inicialmente la audiencia estaba programada para el 12 del presente mes, pero la Fiscalía pidió reagendarla, pues tenía cercanía con la apelación presentada para endurecer las cautelares de los imputados formalizados en la causa, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.
Se trata del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, además de María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quienes quedaron con arraigo nacional, pues se descartó la medida cautelar de prisión preventiva.
Tras la instancia, el fiscal Cristián Aguilar evitó hacer mayores comentarios sobre la determinación pues, dijo, “no conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos referirnos a los argumentos”.
MIL MILLONES
El Ministerio Público está indagando una transferencia de mil 686 millones de pesos asignados en 2022 desde el Gobierno Regional (GORE) de Santiago a ProCultura, para la ejecución de un programa de prevención del suicidio denominado Quédate.
Para la Fiscalía de Antofagasta, ProCultura no tenía experiencia en el área de prevención del suicidio y el convenio se gestó por la cercanía de Larraín con el gobernador Orrego.
La ejecución del programa fue tercerizada y los dineros fueron invertidos en fondos mutuos.
En su exposición el fiscal Aguilar planteó que los imputados, incluido el gobernador, se concertaron y generaron un perjuicio para el Estado.
“Acá no son tan solo los mil 686 millones o los mil millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencias suicidas”, advirtió.
Insistió también en que esos dineros no cumplieron con su destinación “porque la fundación ProCultura no respondió”.
«NO HABRÁ PERJUICIO»
Por su parte, Ciro Colombara, abogado de Orrego, recalcó que el convenio cuestionado fue revisado por seis instancias e instituciones, entre ellas el Consejo Regional de Santiago con sus 34 consejeros.
“Casi 15.000 personas, reitero, 14.119 personas fueron beneficiadas. 32 municipios, 23 colegios, 15 universidades y más de 30 organizaciones de la sociedad civil participaron durante el primer año en este proyecto, cuya ejecución presupuestaria fue aproximadamente de 600 millones de pesos”, detalló.
El legista acusó que la Fiscalía de Antofagasta “desconoce el trabajo del Gobierno Regional. Lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco, desconoce las normas legales aplicables a la transferencia de fondos, desconoce que se favoreció a más de quince mil personas y que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y, por ende, no habrá perjuicio fiscal”.
