En medio del caso Monsalve, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordena al Gobierno entregar los correos electrónicos de los exasesores presidenciales Miguel Crispi y Carlos Durán, correspondientes al período entre el 14 y el 18 de octubre de 2024.
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Las comunicaciones solicitadas están vinculadas a las gestiones para reemplazar al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien dejó su cargo tras ser acusado de violación y abuso sexual por una funcionaria. La petición fue realizada por el diputado Tomás Lagomarsino (PR) a través de la Ley de Transparencia, solicitud que en primera instancia fue rechazada por Presidencia.
Tras el fallo del CPLT a favor del parlamentario, La Moneda apeló mediante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), argumentando que los correos tenían carácter reservado. Sin embargo, en la instancia judicial el CDE añadió un nuevo punto: que los correos solicitados serían “inexistentes”. El tribunal reprochó la inconsistencia y recalcó que dicho argumento no había sido esgrimido previamente, afectando el principio de congruencia procesal.
En su resolución, las ministras Elsa Barrientos, Marisol Rojas y Magaly Correa establecieron que los correos, al ser generados con recursos públicos, son documentos de carácter eminentemente público y deben ser entregados. Además, remarcaron que antes de su difusión deben ser tarjados los datos personales que pudieran estar contenidos en ellos.
No obstante, la Corte precisó que el Ejecutivo aún tiene la posibilidad de acreditar de manera fehaciente la inexistencia de los correos.
El diputado Lagomarsino valoró el fallo, asegurando que “resguarda el principio constitucional de transparencia” y llamó al Gobierno a no recurrir a la Corte Suprema. Hasta ahora, La Moneda no ha definido si insistirá judicialmente o si se enfocará en probar que los correos solicitados no existen.
