La Corte Suprema emitió la sentencia completa que ratificó la remoción de la ministra Ángela Vivanco Martínez, decisión unánime adoptada el 10 de octubre de 2024.
Tras la comunicación de la decisión, se redactó la sentencia que concluyó hoy 30 de octubre y se notificó a la defensa de la ministra.
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La sentencia establece que “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia”
La Corte Suprema ha concluido el proceso de remoción de la Ministra Ángela Vivanco Martínez, tras evaluar los antecedentes y hechos relacionados con su comportamiento en diversas actuaciones judiciales, el cual se demuestra incompatible con los principios fundamentales del Poder Judicial
La decisión de abrir un cuaderno de remoción se tomó el 9 de septiembre del presente año, invocando el artículo 80 de la Constitución Política de la República. Posteriormente, el 10 de octubre, el Tribunal Pleno resolvió de manera definitiva la destitución de Vivanco, tras revisar las evidencias presentadas y las alegaciones de la defensa, que abogó por la nulidad de los cargos o, en su defecto, la apertura de un proceso disciplinario.
Antecedentes y Justificación de la Decisión
Los antecedentes recabados señalan conductas reiteradas por parte de la Ministra Vivanco que comprometieron su neutralidad en la tramitación y resolución de diversas causas, incluyendo influencias en el orden de revisión de expedientes y decisiones sobre sentencias.
Por ello, entre los puntos que más peso tuvieron en la decisión se incluyen: la intromisión en la designación de altos funcionarios judiciales, la intervención en procesos pendientes y la gestión de determinados recursos en beneficio de partes con las que mantenía vínculo.
Consideraciones fundamentales
El Tribunal Pleno destacó la importancia de mantener una judicatura independiente y sin presiones, remarcando que la estabilidad en el cargo de un magistrado está condicionada a su “buen comportamiento”.
Al respecto, los principios de transparencia, imparcialidad y ética judicial se ven comprometidos ante conductas que pueden afectar la credibilidad y confianza pública en el Poder Judicial.
Esta medida sin precedentes subraya el compromiso de la Corte Suprema de Chile con el resguardo de los valores fundamentales de la justicia y la protección de su legitimidad.
