La investigación contra el exdiputado Joaquín Lavín León entró en una fase decisiva luego de que la Corte Suprema dejara firme su desafuero, despejando así el camino para que la Fiscalía avance hacia su formalización por presuntos delitos de corrupción.
Con la notificación de la sentencia del máximo tribunal, el Ministerio Público quedó habilitado para solicitar la audiencia en la que comunicará cargos en su contra y, eventualmente, pedirá medidas cautelares. El fallo respalda íntegramente la solicitud presentada por los persecutores.
LA CAUSA AVANZA A SU ETAPA MÁS DELICADA
La resolución consolida un giro clave en la causa, ya que confirma que existen antecedentes suficientes para seguir adelante con la investigación por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación, además del uso malicioso de instrumento privado mercantil.
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Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, sostuvo que los antecedentes reunidos son “graves y serios” y apuntan a un perjuicio cercano a los $104 millones al erario público. Según la investigación, ese daño se habría producido mediante la simulación de gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.
FISCALÍA QUEDA HABILITADA PARA PEDIR CAUTELARES
El fallo de la Suprema ratifica, además, el criterio que ya había sido fijado el pasado 24 de febrero, cuando el tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa de Joaquín Lavín León contra la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con ello, el Ministerio Público no solo queda en condiciones de formalizar la investigación, sino también de evaluar la solicitud de medidas cautelares en función de la gravedad de los hechos que se imputan al exdiputado.
MUNICIPIO DE MAIPÚ SIGUE DE CERCA EL CASO
En paralelo, desde la Municipalidad de Maipú valoraron el avance judicial y recalcaron que la próxima etapa será clave para perseguir eventuales responsabilidades penales.
De esta forma, la causa deja atrás la discusión sobre el fuero parlamentario y entra en una nueva fase, en la que la Fiscalía deberá exponer ante el tribunal los antecedentes reunidos, los delitos investigados y las medidas que estime necesarias para asegurar el desarrollo del proceso.
