Política

Crispi y Martínez declaran por caso ProCultura y apuntan a los gore

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Procultura Crispi Martínez
Foto: Agencia UNO
«Sobre quién debía analizar o fiscalizar la idoneidad del personal que prestaría funciones en la fundación ProCultura, son los gobiernos regionales», dijo el exjefe de asesores de La Moneda.

Ocurrió en julio, pero recién ahora se conoce: el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi —que había sido subsecretario de Desarrollo Social—, y la actual directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, declararon por segunda vez ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el persecutor de Alta Complejidad de esa jurisdicción, Eduardo Ríos, en la investigación del caso Convenios que apunta a la fundación ProCultura, y apuntaron a los gobiernos regionales (gore).

El primero como imputado la segunda como testigo Martínez ambos apuntaron a la responsabilidad de los gobernadores regionales en la suscripción de los acuerdos y la asignación de fondos a las fundaciones.

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MARTINEZ: PERJUICIO AL FISCO

«Respecto de las transferencias sub 33, numeral 5.1, glosa 02 Común de Los Gobiernos Regionales, de la Ley de Presupuestos del año 2022, la decisión de transferencias a algunas de las instituciones del inciso primero del numeral 5.1, corresponde a los jefes de servicio de los Gores, es decir, los gobernadores regionales», dijo la directora de Presupuestos ante el comisario de la PDI Edson Figueroa, según publicó Emol.

Eso va para fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro y, «según el monto, puede requerir o no aprobación de los consejos regionales».

Advirtió que solo a partir de 2024 se implementó un adecuado control y seguimiento de las transferencias.

Además Martínez comentó que no le pareció adecuado  presupuestariamente «entregar el total monto de un proyecto de inmediato, sobre todo si es un alto monto. No tiene sentido desembolsarlo en una cuota, lo que corresponden es que se vayan entregando avances, previo estado de avance de un proyecto, para tener un adecuado control de lo que las entidades van gastando».

«Me parece que puede haber un desmedro o perjuicio al fisco, ya que si se entrega un monto alto de dinero a una entidad para una ejecución de más de un año, parte de ese monto perfectamente podría estar siendo ocupado en el mismo año de ejecución para otro proyecto de interés público», dijo ante los investigadores.

CRISPI: RESPONSABILIDAD DE LOS GORE

Por su parte, Miguel Crispi aseguró que «los gobiernos regionales son los que definen cómo utilizar los recursos asignados en la Ley de Presupuesto, sea por sí mismos o a través de un tercero», aseguró.

«En el caso en concreto, sobre la fundación ProCultura es necesario distinguir lo siguiente desde el punto de vista Subdere. Caso denominado fachadas de Gore Antofagasta, lo que se solicitó por parte de estos es la autorización para que la fundación Procultura fuera subejecutor en el marco de la Provisión Puesta en Valor del Patrimonio (…) y luego una solicitud de cofinanciamiento».

Detalló, en ese sentido, que «para el caso de gores Metropolitano, Biobío y Ñuble, se trata de solicitudes de reasignación de recursos por parte de gores indicados. En este caso los gores remitían antecedentes como: certificados gore, acuerdos del gore, etc. En este caso lo que hace la Dipres es dar ejecución a la Ley N° 21395 que aprueba el presupuesto del sector público para el año 2022».

BOLETA DE GARANTÍA

«Sobre quién debía analizar o fiscalizar la idoneidad del personal que prestaría funciones en la fundación ProCultura, son los gobiernos regionales (gore)», afirmó el exsubsecretario de Desarrollo Regional.

Recalcó asimismo que la subdere no tiene ninguna injerencia en las decisiones de algunos gobiernos regionales de no requerir boletas de garantía en los convenios el pago en cuota única sin rendición previa.

«Quien debe velar por cómo se concreta, si se deben pedir boletas o como se paga, es de responsabilidad de los gobiernos regionales y específicamente de los gobernadores regionales, según el estatuto legal que los rige. Del mismo modo, de acuerdo a la ley y los procedimientos, los encargados, quién son los encargados del control de los fondos asignados a los gobiernos regional, cómo se utilizan y sobre detalles de cómo se analizan o fiscaliza la idoneidad del personal de alguna fundación, es el gobernador regional».

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