Las principales medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno de José Antonio Kast alcanzan niveles de respaldo de entre 75% y 94%. Sin embargo, las expectativas de que estas iniciativas logren implementarse fluctúan entre 53% y 69%, según la última Agenda Criteria.
El mayor apoyo corresponde al aumento de las penas por reclutar menores para cometer delitos y a la tipificación de la pertenencia a una organización criminal como un ilícito con sanciones agravadas. Ambas propuestas registran un 94% de acuerdo.
Lea también PDG será clave en reforma al Estatuto Administrativo
El despliegue policial permanente en 50 barrios críticos obtiene un 90% de respaldo, seguido por un régimen penitenciario especial para narcotraficantes, con 84%; el reforzamiento fronterizo mediante zanjas, drones y monitoreo, con 82%; y una mayor protección legal para policías y militares que actúen en legítima defensa, con 75%.
DUDAS SOBRE LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
Las expectativas de cumplimiento se mantienen, según Criteria, por debajo del respaldo recibido. Un 69% considera probable que se concrete la protección legal para policías y militares, mientras un 64% cree posible fortalecer las fronteras y sancionar con mayor severidad la pertenencia a organizaciones criminales.
La confianza disminuye al evaluar el aumento de penas por reclutar menores, con 61%; el despliegue policial en barrios críticos, con 55%; y el régimen especial para narcotraficantes, con 53%.
En este contexto, un 61% plantea que el Ejecutivo debe concentrarse en conseguir la aprobación de nuevas leyes y atribuciones contra la delincuencia. Un 30%, en cambio, prefiere que implemente plenamente las normas que ya se encuentran vigentes.
SEGURIDAD LIDERA LAS PRIORIDADES
La seguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana, con un 28%. Le siguen la salud pública, con 16%; la generación de empleos y mejores salarios, con 15%; y la reactivación económica, con 12%.
Además, un 73% prioriza la seguridad aunque eso implique ceder algunas libertades, cinco puntos más que en 2022.
Pese a esa demanda, un 54% considera que la gestión gubernamental en seguridad ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que la evalúa mejor. En paralelo, la aprobación presidencial permanece en 35%, mientras la desaprobación sube tres puntos y llega al 55%.






