Las críticas por la fallida adquisición de la casa del exPresidente Salvador Allende llegaron desde todos los sectores, incluso desde el oficialismo.
Justamente parlamentarios de ese sector han calificado como un grave error la compra del inmueble por poco menos de mil millones de pesos.
El jefe de la bancada socialista de la Cámara de Diputados, el diputado Daniel Melo, reiteró la importancia de preservar el legado de los expresidentes Allende y Aylwin. Sin embargo, reprochó la situación.
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«La situación empaña algo que debió haber sido bien realizado y creo que sin duda, en este caso en particular, el Gobierno ha cometido, una vez más, un error grave. Debió haberse previsto como corresponde desde el punto de vista administrativo y legal. El Gobierno no estuvo a la altura en esta materia», señaló en conversación con Cooperativa.
Se sumó su par en el Senado, Fidel Espinoza (PS), quien apuntó contra el Ministerio de Bienes Nacionales en la responsabilidad de la adquisición de la casa.
«Ellos debieron haber sido los primeros en haber puesto una alerta de que esto iba a traer una crisis política, pero ya sabemos que cuando una ministra es amiga del Presidente o de los líderes como Jackson, son intocables», expuso en el diario El Mercurio.
Dijo que la fallida compra es un «error jurídico-político» que también es responsabilidad de las asesorías del Presidente Boric. «Considero inaceptable que los asesores del Presidente no le digan que es inconcebible que una ministra de Estado le esté vendiendo una propiedad al propio Estado. Y no es culpa de Maya Fernández, es culpa de los asesores del Presidente».
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) valoró la corrección del Gobierno dando marcha atrás en la adquisición de la casa de Allende. «Es una buena decisión haber dado pue atrás a una compra que iba a ser polémica e iba a generar problemas jurídicos, políticos y éticos. Esto se podía transformar en un nuevo y grave error no forzado para el Gobierno», sostuvo.
El vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), dijo que «nadie puede excusarse en su propia negligencia. Aquí simplemente se saltó la Constitución, se faltó incluso a normas expresas que prohíben este tipo de compraventas que involucran a ministros de Estado».
