Política

CUT: decisión de la Suprema sobre «confianza legítima» precariza el empleo público

Cristian Navarro H.

Periodista

CUT solicitará con anticipación un alza en el sueldo mínimo
La multisindical emplazó al Gobierno y al Congreso a impulsar con urgencia una reforma estructural del empleo público

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó con dureza el reciente fallo de la Corte Suprema que desestimó la existencia jurídica del principio de “confianza legítima” en el empleo público. La resolución, que ratifica una sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Talca, sostiene que dicho principio no tiene respaldo normativo en el ordenamiento chileno, cerrando la puerta a los funcionarios a contrata que esperaban estabilidad tras años de renovaciones sucesivas.

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Silvia Silva, vicepresidenta de gestión y finanzas de la CUT, advirtió que el dictamen no solo afecta a los trabajadores públicos, sino que “abre el camino para la reducción del Estado y el debilitamiento de los derechos ciudadanos”. La dirigenta afirmó que “no se puede hablar de modernización del Estado mientras subsistan formas de contratación que vulneran derechos básicos”.

REFORMA PENDIENTE Y CIFRAS PREOCUPANTES

La multisindical emplazó al Gobierno y al Congreso a impulsar con urgencia una reforma estructural del empleo público, que garantice continuidad y estabilidad a quienes cumplen funciones permanentes. Según Silva, el Estado mantiene “una planta del 22,1 %, contratas que alcanzan el 55,6 % y honorarios del 5,6 %, además de un 16,7 % en vínculos laborales inestables, lo que reproduce desigualdades y niega el principio del trabajo decente”.

El debate sobre la “confianza legítima” se intensificó desde noviembre de 2024, cuando la contralora Dorothy Pérez anunció que la Contraloría dejaría de pronunciarse sobre estos reclamos, al considerarlos materias judiciales. El fallo de la Suprema, según la CUT, profundiza esa línea y “amenaza con precarizar aún más la función pública”.

UN CONFLICTO QUE TRASCIENDE LO JURÍDICO

Para la CUT, la decisión judicial marca un giro de fondo en la relación entre el Estado y sus trabajadores. “Se está instalando una doctrina que favorece la inestabilidad y debilita la capacidad del Estado para servir a la ciudadanía”, señaló Silva. La organización anticipó nuevas acciones de movilización y diálogo político para “revertir un precedente que

 

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