El abogado Guillermo Chahuán, representante de Miguel Crispi, precisó que su cliente fue objeto de una interceptación telefónica autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco de la investigación a la Fundación ProCultura. Estas escuchas habrían captado una conversación privada entre Crispi y su madre, Claudia Serrano (PS), el 7 de enero de 2025, donde abordaron la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y cuyo contenido derivó en la indagatoria contra la exsenadora Isabel Allende.
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Chahuán enfatizó que el diálogo, ocurrido en un contexto familiar, fue “sacado de contexto” y no contiene acusaciones formales contra la exlegisladora. “De manera informal y coloquial lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad”, precisó el jurista.
La Fiscalía Regional de Coquimbo separó este hallazgo del caso ProCultura y abrió una nueva investigación por presunto tráfico de influencias. De acuerdo con el informe policial N°14 de la PDI, Crispi habría mencionado gestiones de Allende para acelerar la transacción, lo que activó las alarmas, según reveló La Tercera.
En esa línea, el abogado insistió en que la conversación no sustenta delitos. “No hay atribución de presiones indebidas. Es una interpretación forzada que ignora el ámbito privado de la comunicación”, sostuvo.
El informe N°14 de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) detalla que, durante la interceptación del celular de Crispi, se registró un diálogo en el que responsabilizaba a Isabel Allende y a su abogado por el fracaso de la compra. “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga así…”, se lee en la transcripción, consignó el citado medio.
La PDI consideró este intercambio como un “hallazgo casual relevante” y lo remitió al fiscal jefe Eduardo Yáñez. El documento señala que, aunque el audio no estaba vinculado a ProCultura, contenía “indicios de una posible comisión de delitos”, específicamente tráfico de influencias.
LAS GESTIONES DE LA CASA DE ALLENDE
Miguel Crispi declaró la semana pasada como testigo y, según fuentes cercanas, minimizó sus dichos, argumentando que fueron expresiones en un contexto político. Su defensa alega que solo entonces supieron de la medida intrusiva, mantenida en reserva durante meses.
“Al declarar como testigo en la causa sobre las compras de las casas de los expresidentes, nos enteramos que al señor Crispi le habrían interceptado sus comunicaciones privadas, en el marco de otra investigación”, indicó Chahuán.
El 8 de enero de 2025, el fiscal Eduardo Yáñez resolvió iniciar una investigación penal separada tras analizar el informe policial. En un correo interno, destacó que Crispi mencionó a “dos funcionarias públicas” en gestiones para comprar la casa de Allende, lo que podría configurar tráfico de influencias.
LA INDAGATORIA
La decisión se tomó horas antes de que Raimundo Palamara, abogado de Fundación Fuerza Ciudadana, presentara una querella por “fraude al Fisco”. El fiscal nacional Ángel Valencia designó a Cooper para liderar la indagatoria, dado su conocimiento previo del caso.
El 8 de enero de 2025, el fiscal Eduardo Yáñez resolvió iniciar una investigación penal separada tras analizar el informe policial. En un correo interno, destacó que Crispi mencionó a “dos funcionarias públicas” en gestiones para comprar la casa de Allende, lo que podría configurar tráfico de influencias.
La decisión se tomó horas antes de que Raimundo Palamara, abogado de Fundación Fuerza Ciudadana, presentara una querella por “fraude al Fisco”. El fiscal nacional Ángel Valencia designó a Cooper para liderar la indagatoria, dado su conocimiento previo del caso.
