Este martes en el Juzgado de Garantía de Coyhaique se realizará la audiencia de cautela de garantías donde la defensa del senador independiente Miguel Ángel Calisto discutirá el cierre anticipado de la causa por fraude al fisco contra el parlamentario y, además, pedirá nuevas diligencias.
El juez Mario Devaud la fijó a contar de las 9:20 horas de Coyhaique (10:20 horas para el resto del país).
El viernes pasado el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, ingresó a acusación contra el exdiputado.
Se suponía que el plazo para poner fin a la investigación era el próximo 9 de julio pero el persecutor lo adelantó.
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El abogado del senador, César Ramos, alega que asuntos pendientes, que hasta ese momento no conocía todo el expediente del caso y aún veía margen para nuevas diligencias. A su juicio, se estarían vulnerando los derechos de su defendido.
“El Ministerio Público procedió a cerrar la investigación y acusar a nuestro representado estando vigente el plazo de investigación. Esta decisión del Ministerio Público se ha adoptado con explícita vulneración del derecho a defensa, razón por la cual se solicita la citación a audiencia de cautela de garantías», expuso la defensa de Calisto en su presentación judicial.
Añadió que, pese a la insistencia, solo 20 minutos antes de que se ingresara la acusación les fijaron entrega de todo el material de la investigación para el 1 de julio.
Asimismo, aseveró que ingresaron solicitudes de diligencias ante la Fiscalía, que no estarían completas, porque aún no conocen todo el contenido del expediente.
ASESORÍAS FANTASMA
De acuerdo con la Fiscalía, “entre los años 2018 y 2022, el entonces diputado Miguel Ángel Calisto se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso, originándole una pérdida de a lo menos $ 105.554.697″.
Según los investigadores, el parlamentario contrató a Graf a sabiendas de que ella “no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada”.
Detallaron que “los contratos celebrados entre la Cámara y Graf por instrucciones del diputado Calisto constituyeron solamente un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco, ya que la imputada Graf nunca cumplió las funciones para las cuales fue contratada”.
En palabras del fiscal Libedinsky, “se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, pues esos fondos que provenían del Congreso fueron a parar a manos de Calisto y de Cárcamo para su beneficio personal.
