La defensa de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), manifestó que la acusación constitucional en su contra realizada ´pr el Partido Republicano «trivializa» la situación en temas de seguridad en el país y que tiene un cierto contenido instrumental.
Durante la mañana, en conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado Juan Ignacio Piña señaló que «la situación en temas de seguridad en el país no es algo que se pueda trivializar, sino, por el contrario, es algo de lo que hay que hacerse cargo. En eso está la ministra y todavía hay mucho espacio para seguir avanzando».
Además, el expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusa que el libelo tiene «un cierto contenido instrumental» que «es relativamente visible y, en cierto sentido, es confeso». Para Piña, la acusación «tiene que ver con la contingencia electoral».
«Adicionalmente, también la propia acusación dice que esto lo que quiere hacer es que el Presidente cambie a la ministra, y una acusación constitucional no es la vía para conseguir esos fines políticos, menos cuando es capaz de imponer una sanción como una inhabilitación». Cuestiona.
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El pasado 30 de septiembre, la bancada de diputados del Partido Republicano presentaron la acusación constitucional contra la ministra del Interior, adjudicando responsabilidad en la crisis de seguridad que vive en país.
Ahora bien, el libelo que podría destituir o inhabilitar a Tohá para ejercer cargos públicos durante cinco años, no ha sido mirada con buenos ojos. Durante los últimos días ha recibido un amplio rechazo en el oficialismo, levantó suspicacias en la oposición y generó la crítica del centro político.
El abogado Piña indicó que «es muy probable que invoquemos la ‘cuestión previa’ por la existencia de imputaciones genéricas que más bien describen hechos o situaciones del país y que no se adentran en la responsabilidad de la ministra, en las contribuciones de la ministra, en sus infracciones, y no lo hacen por una razón muy simple: básicamente porque no están».
«No hay infracciones de esa naturaleza, sino, por el contrario, hay un trabajo muy consistente en el que hay muchos espacios de mejora todavía, y en eso hay que ser muy sensible y muy cuidadoso», remarcó.
La defensa de Tohá mencionó que la destitución y la inhabilitación por cinco años constituyen «una sanción particularmente gravosa y, por lo mismo, se restringe no solamente a infracciones graves, sino que adicionalmente a infracciones concretas y específicas».
Agrega. «No se trata de imputaciones genéricas respecto de los resultados y la situación en que se encuentra el país» en seguridad, «sino es necesario acreditar la existencia de esas infracciones, las leyes que se han inejecutado».
Para el defensor, la gran discusión tiene que ver, más bien, «si existen esas infracciones a la Constitución, a las leyes, y si efectivamente se han inejecutado leyes de un modo que sea análogo a la comisión de un delito, y eso es algo que es evidente que no ha pasado», insistió el abogado.
Finaliza. «Cuánto pese la argumentación jurídica (en el debate de la acusación) tiene que ver con la seriedad con que se haga política…No nos vamos a hacer trampa en el solitario».