El gobierno decidió contraatacar y transformar las críticas por supuestos “amarres” en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas en un debate más amplio: no sobre nombres, sino sobre la defensa de la carrera funcionaria y el respeto a las reglas del Estado.
A días del fin de la administración, el Ministerio de Defensa, liderado por Adriana Delpiano, salió públicamente a respaldar al subsecretario Galo Eidelstein (PC) y a justificar los recientes nombramientos de directores de departamento, en medio de cuestionamientos desde la oposición que apuntan a eventuales designaciones políticas de última hora.
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CUESTIONAMIENTOS POR NOMBRAMIENTOS DE ÚLTIMA HORA
El caso más comentado ha sido el de Jessica Tapia, nombrada como directora del Departamento de Estudios y Análisis, decisión que parlamentarios opositores calificaron como un intento de “amarrar” cargos estratégicos antes del cambio de mando. A ello se sumó el reclamo por el nombramiento de Felipe Chandía como jefe del Departamento de Servicios Generales, derivado de un concurso iniciado en 2024.
Sin embargo, la respuesta del ministerio fue tajante: calificó las críticas como “incomprensibles” y afirmó que los nombramientos se realizaron mediante concursos públicos ajustados a la normativa vigente, siguiendo los estándares establecidos por la Contraloría. Además, defendieron que los procesos fueron ejecutados con apoyo de una consultora externa, Táctica Consultores, contratada mediante licitación pública.
DEFENSA APELA A LA CARRERA FUNCIONARIA Y AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO
Más allá de la polémica puntual, Defensa intentó instalar una idea clave: que los cargos cuestionados no son “cuoteo político”, sino parte de la estructura permanente del Estado. Según la cartera, las jefaturas de departamento están definidas en el Estatuto Administrativo como parte de una carrera funcionaria basada en jerarquía y méritos técnicos, lo que garantiza procesos “transparentes y objetivos”, independientemente de la sensibilidad política de los postulantes.
En esa línea, el ministerio apuntó directamente a quienes critican los nombramientos, insinuando que la ofensiva opositora responde más a una lógica de presión política que a irregularidades reales. Incluso advirtieron que detrás de los cuestionamientos existiría una intención de instalar la idea de que esos cargos deberían definirse “a dedo”, por afinidad partidaria, debilitando las reglas que protegen la función pública.
“ENLODAMIENTO” Y COMPARACIÓN CON DESIGNACIONES DEL GOBIERNO ANTERIOR
Defensa también lamentó lo que calificó como un “enlodamiento” de las nuevas autoridades internas, recordando que varias de las jefaturas provienen tanto de la actual administración como del gobierno anterior. Como argumento de fondo, subrayaron que cuando asumió este gobierno, todas las jefaturas venían heredadas del periodo anterior, incluso algunas designadas uno o dos meses antes del traspaso de mando, y que en ese momento no existieron cuestionamientos similares.
Con ello, el Ejecutivo buscó cerrar filas: no solo defendió a Eidelstein, sino que presentó las críticas como un riesgo institucional, insistiendo en que lo que está en juego no es una disputa partidista, sino el resguardo de la carrera funcionaria y la continuidad del aparato estatal frente a los ciclos políticos.
