El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que el tenor de la discusión del presupuesto 2025 en programas que afectan a niños, niñas y adolescentes (NNA) ha sido regresivo.
Por lo mismo, llamó a “dejar de lado las diferencias políticas para lograr consensos en temas fundamentales como son las principales políticas públicas destinadas al bienestar de los niños y niñas, que estarían quedando sin recursos”.
El Congreso rechazó partidas contenidas del Presupuesto 2025 de programas como Chile Crece Más, acompañamiento de menores trans y el desfinanciamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), entre otras.
Esto, según el personero, representa una “posible regresión” de políticas públicas enfocadas en las infancias.
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La Defensoría advirtió, también, una “polarización” del debate del presupuesto en materias que afectan directamente a los NNA en el país.
A raíz de eso llamó a que las autoridades «pongan en primer lugar el bienestar de las niñas y niños de Chile”.
PROGRAMAS SIN FINANCIAMIENTO
A través de un comunicado, Anuar Quesille manifestó que “debemos hacernos cargo de la gravedad de la situación de la niñez en Chile y dejar de lado las diferencias políticas para lograr consensos y acuerdos en temas fundamentales como son las principales políticas públicas destinadas al bienestar de la niñez y que estarían quedando sin recursos”.
El documento desglosó punto por punto lo que consideran regresivo en la discusión del presupuesto para programas orientados hacia la niñez.
Aseguró que el rechazo al presupuesto de Chile Crece Más incumple lo establecido en la ley de garantías.
Esta planteó específicamente que la “discusión de la Ley de Presupuestos del Sector Público, procurarán considerar prioritariamente el financiamiento del diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño, niña y adolescente”.
Quesille también llamó a discutir cuidadosamente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo presupuesto también fue rechazado.
A su juicio, “se debe abordar seriamente y de manera muy responsable, situando los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el centro de la discusión”.
Ello, porque «existe un alto riesgo a que surjan discursos de odio de carácter transfóbicos justificados en la preocupación por las niñeces trans, teniendo en cuenta también la situación de la salud mental éstos, ya que enfrentan una serie de problemáticas, como la discriminación, las altas tasas de depresión y el aumento significativo en los intentos de suicidio que alertan la gravedad del problema”.
INRTERVENCIÓN Y EDUCACIÓN
Asimismo, el defensor planteó que la falta de continuidad del presupuesto para el programa Red Calle Niños significa un “riesgo de pérdida de la atención y de especialidad en la intervención” en la niñez.
Lo mismo ocurriría con el Programa de Atención Temprana. Su fin significaría no poder contribuir a mejorar la inclusión social educativa de niños y niñas de 0 a 6 años con discapacidad y/o rezago del desarrollo, que asisten a establecimientos de Educación Parvularia y que reciben subvención o financiamiento del Estado.
En materia de educación, recalcó que la aprobación del artículo que prohíbe el acceso a la gratuidad para estudiantes sancionados por actos de violencia en el marco de la Ley 21.128 (Aula Segura), no considera el enfoque de ciclo vital, el propósito formativo de la educación y transgrede gravemente el principio de no discriminación.
Esto, porque la ley solo tiene aplicación obligatoria en establecimientos con aportes del Estado, puntualizó.
Asimismo, el “rechazo del presupuesto de los Servicios Locales de Educación o la suspensión del Sistema de Admisión Escolar, generan incertidumbre en niños, niñas y adolescentes y sus familias”, sostuvo Quesille.
