Tres de cada cuatro chilenos considera que en el país hay alta corrupción de acuerdo con el estudio número 34°, correspondiente a octubre, de la encuesta Claves Ipsos.
En términos generales, además, el 52% desconfía de las instituciones encargadas de combatirla.
Asimismo, el Caso Hermosilla es visto como un reflejo de la corrupción sistémica que afecta tanto al sistema judicial como al Ministerio Público.
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El sondeo encuestó a 800 personas sobre su parecer en temas de probidad en instituciones, en particular a la luz del impacto del caso del penalista que actualmente cumple prisión preventiva investigado por soborno, en calidad de consumados y reiterados, además de blanqueo de capitales y delitos tributarios.
Para los consultados por la encuesta Ipsos el nivel de corrupción en el país baja a 71% a nivel de Estado. En las empresas privadas y a nivel de personas el número se reduce a sus niveles más bajos:39% y 35% respectivamente.
INSTITUCIONES
En cuanto a instituciones, la Policía de Investigaciones (PDI) es la más asociada a la probidad con 31%, seguida por las Fuerzas Armadas (30%) e iglesias/congregaciones religiosas (25%).
Las seis entidades que alcanzan el 50% o más de asociación a corrupción corresponden a los partidos políticos (76%), Congreso (72%), municipalidades (62%), el Estado (60%) y Tribunales de Justicia (60%) y las empresas estatales o públicas (50%).
Asimismo, en los resultados se ve un incremento en la imagen negativa de las fundaciones sociales, que pasó de 38% en 2023 a 43%, impulsada por el caso Convenios.
Respecto del Estado, el 33% de los encuestados estima que cuenta con instrumentos necesarios para actuar con transparencia, mientras que 31% considera que permite la fiscalización y presentación de denuncias.
ALTA DESCONFIANZA
Para la directora de estudios públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, «prima un escenario de desconfianza general en la sociedad nacional basado en la idea de falta probidad y comportamiento corrupto tanto en instituciones públicas como privadas, así como en las personas que ostentan alguna autoridad o desempeñan cargos de liderazgo».
«Los casos noticiosos de alta connotación pública ―como caso Convenios y Hermosilla― han contribuido fuertemente a este ambiente que se ha creado», agregó.
Al evaluar la honradez de ciertos grupos, según la encuesta Ipsos los emprendedores y dueños de negocios pequeños lideran con 60%, seguidos de los dirigentes vecinales con 31%.
En contraste, los funcionarios municipales y las autoridades de Gobierno se sitúan como los menos honestos, con 15% y 14%, respectivamente.
EL EPISODIO MÁS DAÑINO
El caso Hermosilla (que es recordado por el 77% de los encuestados) fue sindicado como el episodio que más ha dañado la confianza en las instituciones, seguido por los casos Penta (75%) y Convenios (72%).
También lideró el porcentaje de primeras menciones, con 25%.
Este caso impactó fuertemente en la percepción ciudadana. El 75% opina que afecta la confianza en la clase política, 74% en el Poder Judicial y 71% en el Ministerio Público.
Asimismo, el 59% asegura que la situación refleja “el nivel de corrupción sistémico que se ha instalado en las instituciones del país”.
El estudio concluye que el 57% cree que el Caso Hermosilla hará caer la confianza en la justicia a su punto más bajo, mientras que 47% espera que el escrutinio público aumente y se demande mayor transparencia y probidad en las instituciones.
A este respecto, Alejandra Ojeda, cabeza de la encuesta Ipsos, sostuvo que «la mitad de las personas consultadas no confía en la labor que realizan las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país. Y esto es un agravante importante para la crisis de confianza».
Destacó también que «probablemente una parte importante de esta desconfianza proviene más de la bajas sanciones y perdonazos que se han observado en eventos pasados, que en base al funcionamiento efectivo de estas instituciones».
«UN HITO»
A juicio dela directora de estudios públicos de Ipsos Chile, “el caso Hermosilla ha tenido el efecto de confirmar en la ciudadanía el nivel de corrupción que sospechaban que existía en todos los espacios públicos y privados,”.
«Se observa como un hito que golpea fuertemente a diversos actores, pero con un importante foco en el sistema de justicia, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público», agregó.
De acuerdo con su precepción, «esto refuerza la idea de instituciones en el país que deberían ser parte de la persecución de la corrupción y su sanción, pero que no estarían a la altura de su misión o incluso serían parte del problema».
