Un duro golpe recibió el Partido Socialista tras la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a Isabel Allende, esto tras la fallida compra-venta de la casa de su padre, el exPresidente Salvador Allende.
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La decisión se tomó tras un requerimiento de un grupo de diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano. Según dio a conocer el fallo del órgano del Estado la ahora exsenadora fue cesada de su cargo por hacer infringido la Constitución.
Y si bien la sentencia no cuestionó la legalidad del controvertido decreto que visaba la transacción y de los demás trámites administrativos, lo que generó un respiro en La Moneda, en el Congreso se levantó una alerta por el posible precedente que se pueda configurar para todos aquellos parlamentarios que pudieran haber suscrito algún tipo de compromiso contractual, directo o indirecto, con alguna repartición o empresa del Estado.
“Es muy complejo el fallo porque no se refiere ni a la legalidad del acto, ni a su perfeccionamiento, sino que solo se refiere a la suscripción de ese contrato y eso podría, eliminando cualquier elemento subjetivo, establecer un precedente muy complejo para todos aquellos parlamentarios que hayan contratado con el Estado en sus más diversas formas”, argumentó el diputado del PS Raúl Leiva.
«UN DAÑO IRREPARABLE»
En una declaración pública, la ahora exsenadora calificó la resolución como un acto con motivación política, asegurando que el origen del conflicto responde a la voluntad del Gobierno de convertir la casa de su padre, el exPresidente Salvador Allende Gossens, en un museo público destinado a preservar su memoria.
“Accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional”, señaló Allende.
La exparlamentaria lamentó que este argumento no fuera acogido, lo que derivó en su cese inmediato, subrayando que siempre actuó de buena fe y defendiendo su trayectoria de 30 años de servicio público.
“Me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”, afirmó.
Asimismo, Isabel Allende destacó que el proceso ha generado un daño irreparable a su familia y a su honra, pero aseguró que el tiempo reivindicará su actuar y el propósito de convertir la casa de Salvador Allende en un espacio de memoria y reflexión.
UN PS GOLPEADO
El caso de la casa de Allende fue un terremoto para La Moneda, dejando varias grietas.
El fallo terminó con la carrera de 31 años en el Parlamento de la hija del presidente Salvador Allende golpeando duramente al Partido Socialista. Recordemos que debido a la polémica Maya Fernández (nieta del exmandatario Allende) renunció a su cargo como ministra de Defensa.
Una iniciativa que fue impulsaba por el Presidente Gabriel Boric para levantar un sitio de memoria del legado de mandatario fallecido en 1973, pero nadie reparó en la inhabilidad constitucional de que el Estado comprara una propiedad que pertenecía a una senadora en ejercicio y a la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta de Allende.
Esta situación ha complicado al PS. Quienes se sienten dolidos y traicionados principalmente por el PC y el Frente Amplio.
Con miras a las primarias oficialistas, la carrera presidencial y la elección parlamentaria, el PS ha guardado silencio sobre apoyar a Carolina Tohá, y deja entre ver que no habrán listas únicas para la elección del Congreso.
El resquemor tras la salida de Isabel Allende deja una herida en la centro izquierda. Esta tensión se incrementa tras el regreso del PPD al comité político.
«ES MUY COMPLEJO»
En el PS, el senador Gastón Saavedra, compañero de bancada de Allende, dijo que el fallo del TC “nos golpea duro, es una situación que estamos llevando con mucha entereza moral”.
El diputado Raúl Leiva (PS), en tanto, sostuvo que “es muy complejo el fallo porque no se refiere ni a la legalidad del acto, ni a su perfeccionamiento, sino que solo se refiere a la suscripción de ese contrato y eso podría, eliminando cualquier elemento subjetivo, establecer un precedente muy complejo para todos aquellos parlamentarios que hayan contratado con el Estado en sus más diversas formas”.
Lo expuesto por Leiva dice relación con las aguas revueltas que hay en el Congreso por el precedente que pone el TC para los legisladores que tendrían compromisos contractuales con instituciones del Estado, situación por la que el diputado Daniel Manouchehri (PS) ya anunció que evalúa recurrir al TC, misma estrategia que activaron desde la oposición para destituir a Allende.
