Estuvo 31 años en el Congreso Nacional la ahora destituida senadora socialista María Isabel Allende Bussi: hoy el Tribunal Constitucional determinó su destitución del cargo por su rol en la truncada compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Y, más allá de lo histórico del fallo, sus consecuencias pueden ser insospechadas.
La resolución es inapelable. El artículo 94 de la Constitución establece que «Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectifcar los errores de hecho en que hubiere incurrido».
No está aún redactada y, por eso, el cese en las funciones legislativas de la senadora solo tendrá efecto cuando se notifique oficialmente el fallo al Senado y se dé cuenta en la sala.
Pero aun cuando todavía no se conocen los fundamentos de la determinación y no hay una sentencia oficial (esta no tiene fecha fatal para su redacción), ya se vislumbra una reacción en cadena, donde se abren las puertas a una eventual acusación constitucional que podría escalar hasta el propio Presidente Boric.
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Pero también a acciones en el ámbito penal. Ya existe una acción en curso en manos del fiscal Patricio Cooper que tiene como imputados a la propia senadora, a la exministra y al mismo mandatario.
Conscientes de eso, la cauta reacción del Gobierno vino de mano de la vocera (s), Aisén Etcheverry, quien aseveró que “nos corresponde respetar los fallos del TC, pero lamentamos una decisión que generaría un precedente grave”.
Consultada sobre las responsabilidades que debería asumir el Ejecutivo por este hecho, dijo que “se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado, del TC que nosotros respetamos, respecto a un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos».
«Por lo tanto -añadió- se instruyeron sumarios en esa dirección, pero como señalábamos, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendidos los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave”.
INCOMODIDAD EN EL PS
El senador Fidel Espinoza, con dureza planteó a través de X (exTwitter) que «pueden estar felices los asesores estrellas del Presidente Gabriel Boric que visaron un contrato con el Estado que hasta un alumno de primero de derecho hubiese señalado que no se podía concretar».
«La ideologización una vez más», ironizó.
Luego, dijo en Está Pasando que «claramente, este es un error político de incuantificable significado, en donde los asesores del Presidente Boric y el propio Presidente tienen una responsabilidad mayúscula. Ellos fueron los que incentivaron, promovieron y llevaron adelante un proceso que a todas luces violentaba la Constitución. Y eso lo sabe un alumno de primer año de Derecho. No hay ninguna duda de que aquí se cometieron errores garrafales».
A su juicio, «dañan irreversiblemente la imagen del presidente, del expresidente Allende con esta situación, y dañan al Partido Socialista. Ellos fueron los causantes, los responsables, los que incentivaron, y tienen que hacerse responsables».
La incomodidad en el PS apunta también a las ministras del Tribunal Constitucional Nancy Yáñez y Daniel Marzi -ambas nombradas por el Presidente Gabriel Boric y políticamente ligadas al Frente Amplio-, que acogieron los requerimientos.
“Todo se estropeó cuando autoridades políticas del FA cometieron una cadena de errores u chambonadas en la materialización de la compra y, ahora, aparecen dos ministras del TC designadas por este gobierno, que suman sus votos a la destitución. Parece ser una sospechosa coincidencia. Inexplicable”, acusó el vicepresidente del PS y diputado Leonardo Soto.
El diputdo del FA Diego Ibáñez retrucó especificando que «hay un órgano autónomo que ha dirimido, que nosotros respetamos su decisión, pero no vamos a tolerar que nos digan que nosotros, como Frente Amplio, estuvimos detrás de esto, porque eso no es así. No hay ningún militante dentro del Tribunal Constitucional».
Habrá que ver cómo ese malestar por la destitución de Allende repercute en las conversaciones de la coalición gubernamental para renovar la alianza electoral. Y qué efectos tendrá esta nueva desprolijidad del gobierno de cara a las elecciones de fin de año.
DARDOS A BORIC
En la derecha apuntan directamente al Presidente Gabriel Boric.
El jefe de bancada de los diputados de RN, Miguel Mellado, hizo notar que “lo que un Tribunal Constitucional, con mayoría de izquierda pudo ver con claridad, fue rechazado por el vergonzoso oficialismo hace una semana en el Congreso (en referencia a la fallida acusación constitucional contra Maya Fernández). Cualquiera podría ver que acá se transgredió la Constitución. La negligencia del Presidente y su equipo cobra otra víctima”.
Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, felicitó al equipo jurídico que preparó la presentación, en especial al exsubsecretario Máximo Pavez. “Me imagino que para el Partido Socialista y para la familia Allende, esto tiene que ser muy doloroso. Sin embargo, la Constitución es clarísima”, enfatizó.
En tanto, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntó a que que “esto no termina aquí. Hoy fue destituida la senadora, y la ministra ya renunció. Ahora falta que el propio Presidente de la República, como autor intelectual de esta operación inconstitucional, dé la cara, asuma su responsabilidad y explique al país qué decisiones tomó, por qué lo hizo y a quién quiso favorecer”. sostuvo a través de un video publiado en rede sociales.
“La Constitución debe cumplirse y hacerse cumplir, sin privilegios ni excepciones”, puntualizó.
A este respecto quizás no ayudará al Presidente su propia declaración del domingo 16 de marzo en Chilevisión: “Esto lo he dicho en privado y lo digo públicamente: yo, como presidente, le planteé a la senadora (Isabel) Allende, le planteé también a la familia Aylwin, que consideraba que las casas del presidente que murió defendiendo la democracia en La Moneda y quien había sido el primer presidente retomada la democracia, tenían que ser patrimonio público”.
