Héctor Ulloa, diputado PPD respalda informe de le Contraría General de la República (CGR) por desorden financiero en organismos públicos. La CGR encendió las alarmas fiscales tras abstenerse de visar los estados financieros de 73 organismos públicos, al detectar inconsistencias contables que superarían los 17 mil millones de dólares.
La decisión fue respaldada por el sub jefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, quien calificó el escenario como un desorden financiero de magnitud inédita y llamó a transparentar el uso de recursos públicos.
¿Qué resolvió la Contraloría?
La contralora Dorothy Pérez resolvió no tomar razón de los balances de decenas de entidades estatales, entre ellas municipios y servicios públicos, debido a diferencias graves entre ingresos, gastos y registros contables.
Según lo informado, la medida busca evitar que cifras no confiables sean validadas institucionalmente, mientras se aclara su origen.
“Aquí deben encenderse todas las alarmas”
El diputado Héctor Ulloa sostuvo que la magnitud de los montos involucrados obliga a una revisión profunda del funcionamiento financiero del Estado.
“Estamos hablando de más de 17 mil millones de dólares que deben ser aclarados. Son recursos públicos y su manejo debe ser transparente”, afirmó.
El parlamentario agregó que preocupa si estas inconsistencias influyeron en decisiones estratégicas, como inversiones, programas sociales o contratación de servicios.
Antecedentes llegarán al CDE y al Ministerio Público
La contralora anunció que los antecedentes serán enviados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, para determinar si las irregularidades corresponden a errores administrativos o si podrían configurar eventuales delitos, como fraude o malversación.
“Si hubo errores, deben corregirse. Pero si hubo dolo, debe investigarse y sancionarse”, señaló Ulloa.
Un golpe a la credibilidad fiscal
La abstención de visación no es un trámite menor. En términos prácticos, impide validar oficialmente las cuentas públicas, lo que afecta la confianza en la gestión financiera del Estado y tensiona la relación con organismos de control y la ciudadanía.
Desde el Congreso, recalcan que el episodio refuerza la necesidad de mayores estándares de control, trazabilidad y responsabilidad, especialmente en un contexto de estrechez fiscal y debate sobre el uso de recursos públicos.
Lo que viene ahora
Los organismos observados deberán corregir, justificar o rehacer sus estados financieros. En paralelo, avanzarán las investigaciones administrativas y penales que determine la Contraloría.
“La contralora está haciendo la pega”, concluyó Ulloa. “Ahora le toca responder a quienes administran recursos públicos”.
