La superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Patricia Soto, solicitó a la Policía de Investigaci0nes (PDI) los datos de 2,8 millones de trabajadores dependientes del sector privado que habrían salido del país con licencia médica entre 2024 y mayo del 2025, destacó el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión Investigadora de licencias falsas, Héctor Ulloa, quien sostuvo que eso refleja que hay un modus operandi para defraudar al sistema de salud.
«Recibimos la exposición contundente, clara, de la superintendente de Seguridad Social subrogante, quien nos explicó que ha pedido un cruce de datos con la PDI para investigar una millonaria cantidad de licencias médicas de trabajadores del sector privado que habrían viajado al extranjero. Esto se suma a la investigación que existe por el uso malicioso o fraudulento de licencias médicas en el sector público, que involucra a 25 mil funcionarios», explicó.
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A juicio del parlamentario, «el gran número de personas involucradas deja en evidencia que existe un verdadero modus operandi, una estrategia para defraudar al sistema de Salud en Chile, tanto público como privado, que además deja en evidencia verdaderas mafias de un grupo de médicos que emitían licencias fraudulentas».
Para Ulloa, «es muy importante respaldar la petición que realizó la Suseso en el sentido de apoyar la creación de una Intendencia de Licencias Médicas, con el objeto de hacer más eficiente el trabajo del organismo».
Reclacó que «son más de ocho millones de licencias médicas las que se emiten cada año en nuestro país, y ocho personas en dicha repartición evidentemente no alcanzan a hacer una actividad fiscalizadora como la que debe hacerse».
AUMENTO DE RECURSOS
El legislador también llamó a apoyar las medidas que están siendo propiciadas por parte de la Contraloría General de la República que «ha hecho una labor relevante, importantísima, en destapar en primer lugar los cientos de miles de licencias médicas del sector público».
«Es necesario avanzar en las mociones que buscan otorgarle mayores facultades de fiscalización, y mayores facultades sancionatorias respecto a los servicios públicos», destacó.
«Y al mismo tiempo aumentar sus recursos vía Ley de Presupuestos. Debemos tomar medidas concretas para poner freno a estas irregularidades, y a la gran cantidad de recursos que se dilapidan en licencias médicas falsas», recalcó Ulloa.
