El jefe de la Bancada de la UDI, Henry Leal, junto con el diputado miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, solicitaron a la Corte Suprema que se abra un cuaderno de remoción contra el juez del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.
Esto ocurre después de que se revelara que la Contraloría General de la República investiga a Urrutia por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica. La entidad fiscalizadora determinó que el Poder Judicial cuenta con 571 trabajadores, de los cuales 84 son jueces.
Lea también: Suspendido ministro Simpertigue, imputado en trama bielorrusa junto a Ángela Vivanco
Uno de ellos, Daniel Urrutia, fue objeto de un sumario administrativo abierto a mediados de año por la Corte de Apelaciones de Santiago, debido a dos viajes realizados en enero de 2020 y en octubre de 2022.
Ante la confirmación de estos hechos, los legisladores pidieron a la Corte Suprema aplicar las sanciones más severas, señalando que “tal como se ha hecho con otros funcionarios públicos que cometieron este mismo abuso, aquí se deben adoptar todas las medidas disciplinarias que correspondan, más aún porque se trata de un juez que debería velar porque se cumpla la ley”.
CRISIS
“En medio de la grave crisis institucional por la que atraviesa el Poder Judicial, la Corte Suprema tiene la obligación de dar una señal clara y contundente hacia la ciudadanía, en torno a que no seguirán existiendo espacios de privilegios ni tratos diferenciados al interior del sistema”, agregaron.
Añadieron que “por lo tanto, si un juez de la república, sea quien sea, cometió este abuso en dos oportunidades, es indispensable que el máximo tribunal de nuestro país abra un cuaderno de remoción en su contra y aplique el máximo de las sanciones que correspondan. Porque de confirmarse todos estos antecedentes, estaríamos ante un caso absolutamente grave que debería sancionarse con su expulsión”.
CORTE
Anteriormente, la Corte Suprema ya había sancionado al juez Urrutia por autoasignarse una causa relacionada con el estallido social y liberar a 13 imputados de la denominada “primera línea”.
Por ello, los diputados Leal y Lilayu afirmaron que esta nueva polémica “por sí sola constituye un hecho de la máxima gravedad, porque ya no estamos hablando de sus interpretaciones jurídicas, sino que de un abuso a la fe pública que cometió al hacer mal uso de dos licencias médicas, lo que es inaceptable en cualquier funcionario”.
