Los diputados RN, Andrés Longton y Paula Labra, anunciaron que citarán a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, para que rindan cuentas respecto al vínculo entre el Estado y la Fundación Salvador Allende.
Esto, en el marco de la comisión investigadora que analiza los traspasos de recursos a la fundación y, en particular, un contrato suscrito con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
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La controversia se remonta a un convenio firmado en 2004, en el cual la Fundación Allende saldó una deuda con el Serviu mediante la entrega de 93 obras de arte avaluadas en 800 mil dólares.
Sin embargo, a pesar de que el acuerdo se formalizó legalmente, las obras aún no han sido entregadas físicamente a la institución pública. Según versiones oficiales, el Serviu no contaría con las condiciones para asegurar su conservación.
RN ACUSA TRATO PREFERENCIAL
Los parlamentarios acusan opacidad y presunto favoritismo hacia la familia del expresidente Salvador Allende.
La diputada Paula Labra enfatizó que se revisarán todos los traspasos de recursos desde 2022, y declaró que “el vínculo estrecho que existe entre esta fundación y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural nos obliga a exigir claridad”.
En tanto, el diputado Longton, presidente de la comisión investigadora, cuestionó la legalidad del acuerdo y recordó que en su momento el caso fue llevado a la Contraloría. “La operación no contó con autorización del Ministerio de Hacienda, como exige la ley”, recalcó.
Longton propuso declarar la nulidad del contrato por «vicios de derecho público» y que las obras sean finalmente traspasadas al Ministerio de las Culturas para su resguardo. Además, instó a la candidata presidencial Evelyn Matthei a incorporar este tema en su programa, como parte de una política de recuperación del patrimonio público.
“No permitiremos que se siga beneficiando a la familia Allende con fondos públicos”, concluyó la diputada Labra, dejando abierta una nueva polémica sobre el uso de recursos estatales y el rol de instituciones culturales en su fiscalización.
