Diputados de Renovación Nacional (RN) solicitaron a la Contraloría General de la República investigar el pago de 350 UF (13 millones de pesos) mediante trato directo para la defensa legal privada del presidente Gabriel Boric.
Esto en el marco de la querella presentada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, con el objetivo de convertir el inmueble en un museo.
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La contratación del abogado Jonatan Valenzuela Saldías trajo cuestionamientos de los parlamentarios Ximena Ossandón, Andrés Longton, José Miguel Castro y Hugo Rey, quienes argumentaron que el Presidente debería haber recurrido al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en lugar de optar por un defensor particular.
Es por este motivo, que los diputados enviaron un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para “fiscalizar el correcto empleo de los recursos fiscales, así como la correcta utilización del mecanismo de adquisición de Trato Directo (…) requerida por la Presidencia de la República para la defensa judicial del Presidente de la República”.
DECLARACIONES
Al respecto, Andrés Longton declaró: “Basta de irresponsabilidad con los recursos públicos que van en beneficio de los chilenos, para poder satisfacer gustitos del Presidente”, además de calificar el gasto como «injustificado».
Por su parte, Castro señaló que el Presidente no puede “contratar amigos porque le parecen mejores abogados” y enfatizó que los recursos utilizados pertenecen a todos los chilenos. “La Contraloría debe pronunciarse, y nosotros tomaremos las acciones que correspondan”, agregó.
La jefa de bancada, Ximena Ossandón, criticó que el trato directo desvirtúe un mecanismo que debe utilizarse de forma excepcional. “El Presidente cree que puede pagar con recursos de todos los chilenos a su abogado de confianza, lo que es un abuso. Penalistas hay cientos, la especialidad es una puesta en escena”, afirmó.
Hugo Rey, subrayando el mal uso del mecanismo, indicó: “Por eso, hemos recurrido a la Contraloría para asegurar el buen uso de los recursos públicos y la transparencia en este caso”.
Los diputados RN sostienen que el gasto contraviene el principio de transparencia y exigen que se devuelva el monto al erario fiscal si se comprueba que la contratación del abogado de Boric fue irregular. El oficio busca esclarecer si se respetaron las normativas en esta polémica decisión.
