Parlamentarios de RN acusaron al Ejecutivo de incurrir en prácticas similares a las denominadas “leyes de amarre”, fuertemente cuestionadas por la izquierda durante años, apuntando a que el Presidente Gabriel Boric estaría evidenciando un liderazgo carente de visión de Estado y cerrando su período “por la puerta chica”.
En ese contexto, la bancada de diputados de Renovación Nacional, a través de los parlamentarios Frank Sauerbaum Muñoz y Carla Morales Maldonado, presentó un oficio de fiscalización ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a la legalidad y a la eficiencia administrativa del nombramiento de Patricia Muñoz como directora del recientemente creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
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Sobre esta acción, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, afirmó que “el Presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las «leyes de amarre» de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El Presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.
LEGISLADORES DE RN
Según se expone en el oficio, los legisladores advierten que la designación se concretó pese a que la autoridad nombrada cursa un embarazo avanzado, lo que implicaría el uso de una licencia médica por un período que podría extenderse, al menos, por seis meses. Esta situación, sostienen, “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa, toma de decisiones estratégicas y liderazgo institucional efectivo”.
El documento añade que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio”, lo que —a juicio de los parlamentarios— abre cuestionamientos razonables sobre el cumplimiento del mandato legal que dio origen a esta nueva entidad, creada para dar respuesta urgente a las necesidades de las víctimas, especialmente de delitos violentos y de grupos vulnerables.
DEFENSORÍA
Por su parte, la subjefa de bancada, Carla Morales, sostuvo que “la Defensoría de las Víctimas es un órgano que se persiguió por años y que responde no solo a una necesidad en el marco de la crisis de seguridad, sino incluso a un mandato constitucional. Este gobierno no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y apernar a los amigos. Es de lo más bajo que hemos visto, y eso es harto decir después de estos 4 años”.
En el mismo sentido, los diputados de RN recalcan que “las remuneraciones se devangan desde el día en que el funcionario asume efectivamente el cargo”, por lo que la existencia de una licencia médica previa al inicio de las funciones “obsta tanto al perfeccionamiento del vínculo estatutario como al pago de estipendios con cargo a fondos públicos”.
Finalmente, la bancada de Renovación Nacional plantea que esta situación “no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva formal del acto de nombramiento, sino que debe ponderarse a la luz de su eficacia real y del cumplimiento del interés público comprometido”, solicitando a la Contraloría General de la República que determine si el nombramiento se ajusta a los principios de eficiencia, continuidad y correcto funcionamiento de la administración pública, especialmente en un servicio llamado a operar en un momento crítico para el país.
