La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un requerimiento ante la Contraloría para que se investiguen las “graves irregularidades” detectadas en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, que habrían beneficiado a reclusos vinculados a “El Tren de Aragua”.
Según los parlamentarios, se estaría vulnerando gravemente el reglamento penitenciario, e incluso existiría la eventual participación de funcionarios públicos en la red delictiva desde el interior de la cárcel, lo que podría configurar cohecho.
La acción fue respaldada por el jefe y la subjefa de bancada, Frank Sauerbaum y Carla Morales, además de los diputados de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, Hugo Rey y Diego Schalper; el presidente de la Cámara, José Miguel Castro; y los legisladores Eduardo Durán, María Luisa Cordero y Jorge Durán.
SUMARIO
Los legisladores denunciaron que se detectaron “especiales condiciones de habitabilidad” para ciertos internos, lo que incluía el ingreso de artículos prohibidos como ropa de marca, dispositivos electrónicos, bebidas alcohólicas, armas, explosivos e incluso un sistema eléctrico independiente.
Esto, aseguran, contraviene directamente la normativa penitenciaria y revelaría la complicidad o permisividad de funcionarios del establecimiento.
En el oficio enviado a la Contraloría, remarcaron que “todo ello ha generado asombro en la opinión pública, pero además infunde serias sospechas acerca del nivel de conocimiento y la eventual participación de funcionarios que están a cargo de la custodia de los reos”.
DENUNCIA
La denuncia también subraya que la existencia de estas “celdas VIP” con los elementos mencionados representa una “vulneración directa al Decreto N° 518, que regula la tenencia de bienes, las condiciones de habitabilidad y el régimen interno en los centros penitenciarios”.
El ingreso de dichos objetos podría configurar ilícitos como cohecho, internación ilegal de elementos prohibidos y tenencia de armas dentro de un penal.
Asimismo, los diputados recordaron que cerca del 15,8% de la población penal en Chile corresponde a personas extranjeras, varias de ellas relacionadas con redes criminales transnacionales.
Advirtieron además que el sistema penitenciario nacional “no sólo perpetúa el delito, sino que en muchos casos lo coordina desde el interior de los penales, lo que constituye la antítesis de todo sistema penal que por definición busca la rehabilitación de los condenados y la prevención criminal”.
Finalmente, dirigieron sus críticas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por “su responsabilidad jerárquica directa sobre Gendarmería de Chile, y por no ejercer adecuadamente las atribuciones de control y disciplina que le confiere la ley”.
La solicitud también pide a la Contraloría remitir los antecedentes al Ministerio Público para evaluar investigaciones por cohecho, prevaricación u otros delitos, en lo que los diputados calificaron como una red de protección a organizaciones criminales dentro de las cárceles del país.
