«Yo no informé a la Segpres ni a la Presidencia porque yo, insisto, no tuve ningún vínculo directo o comunicación directa ni con Segpres ni con Presidencia, porque la tarea estaba delegada a las jefaturas legales», aseguró la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) por la fallida compraventade la casa el expresidente Salvador Allende.
Fue su respuesta ante la consulta sobre una minuta que contenía las inhabilidades, texto del cual admitió haber tomado conicimiento.
«En la minuta salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República. Eso, para efectos jurídicos, lo puede precisar José Cortés, pero es lo que yo recuerdo que textualmente estaba en las minutas», precisó.
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Pozo y Cortés, asesor jurídico de la división, asistieron durante dos horas a la comisión investigadora.
Él es quien elaboró la minuta que contenía las advertencias sobre las inhabilidades constitucionales que terminaron con la destitución de Isabel Allende del Senado y con la salida de Maya Fernández del ministerio de Defensa, ya que ambas, por sus cargos, tenían prohibición de celebrar contratos con el Estado.
“No hice ninguna gestión directa, no quiero eludir ninguna responsabilidad, pero sí quiero señalar que yo no tuve ninguna participación directa en las gestiones que se realizaron», dijo Pozo antes de comenzar su exposición ante la comisión investigadora.
Sí entregó detalles sobre una reunión con la abogada asesora del Segundo Piso Bernardita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, en la que participó José Cortés.
Fue el día 11 de junio de 2024.
«Intercambiaron opiniones sobre la sostenibilidad patrimonial del proyecto y cuál debiese ser la entidad responsable o sostenedora para su continuidad. Se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el Fisco, se encargaría la compra al ministerio de Bienes Nacionales», explicó.
«Se instruyó a quienes participaron en la reunión en representación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que no se continuaría en las gestiones con la comunidad hereditaria, salvo para reunir todos los antecedentes y terminar el proceso de tasación del inmueble. En dicha reunión, José Cortés hizo nuevamente presente la situación de la composición de la comunidad hereditaria dueña del inmueble de calle Guardia Vieja», especificó.
Aseguró, también, que en la reunión con Nazar no profundizaron sobre las inhabilidades, porque el proceso se encontraba en una etapa incipiente.
“Se planteó fundamentalmente la existencia de dos autoridades (Allende y Fernández) ue tenía implicancia jurídica y comunicacional al proyecto, es decir, la viabilidad del proyecto. No se desmenuzó jurídicamente ese elemento”, aseveró la la directora del Servicio Nacional del Patrimonio.
