Con el ocaso de 2025 llegó la acusación de la Fiscalía contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga y la cifra exacta del perjuicio fiscal que le atribuye: $32.884.247.128, es decir, cerca de 30 millones de dólares.
En un extenso documento de mil 921 páginas, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente la acusó de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
Todos ellos suman una pena de 23 años de cárcel.
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Para el órgano persecutor, la exchica Mekano “realizó y consintió que se realizaran diversas maniobras defraudatorias del patrimonio público municipal a través de una estructura de disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendiente a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control internos y externos, establecidos por la ley para el resguardo y protección del patrimonio municipal, instalando en definitiva una política de gobernanza municipal fraudulenta”.
GASTOS EXCESIVOS
En el libelo, difundido por El Mostrador, el Ministerio Público planteó diversas aristas.
La primer, los gastos excesivos de Barriga, sin financiamiento adecuado, a través de maniobras fraudulentas.
Respecto del delito de fraude al fisco por sobreejecución de gastos, junto con otros ocho funcionarios, habría rebajando fraudulentamente los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para generar una disposición de recursos ficticia para cubrir gastos excesivos –al menos $26.003.660.181, entre 2017 y 2021–.
Esto se habrían utilizaron para comprometer gastos no presupuestados sin contar con el financiamiento suficiente, quedando impagas obligaciones legalmente contraídas con proveedores. Esta situación generó, de acuerdo con la Fiscalía Oriente, millonarias deudas para la municipalidad.
Entre los usos de esos recursos figuran eventos destinados a promover su gestión alcaldicia, como la “Casa de Jengibre”, el “Año Nuevo Chino”, “Maipú Enamorado” y “Maipeluza”.
PRESUPUESTOS FALSOS
La acusación de Fiscalía contra Barriga también acusa falsificaciones de documentos públicos, informes financieros y presupuestarios, y los describe como un esquema sistemático de defraudación al patrimonio municipal, desarrollado particularmente bajo la supervisión de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), a cargo entonces de María Palma Barros.
“La acusada Barriga Guerra y la condenada Palma Barros tenían pleno conocimiento de que los montos finalmente considerados como ingresos y gastos en el presupuesto no serían suficientes para cubrir las necesidades y gastos municipales para el año 2020 en a lo menos $10.851.271.944”, expuso sobre el presupuesto 2020.
También, que entre los años 2017 y 2020 la entonces alcaldesa de Maipú informó “falsamente en las cuentas públicas sobre el estado financiero –incluyendo el estado presupuestario– de la Municipalidad de Maipú, omitiendo al Concejo Municipal y a la comunidad gastos efectivamente ejecutados por cifras multimillonarias, ocultando en definitiva el creciente déficit de caja y, en su lugar, indicando que existía un equilibrio financiero, es decir ingresos capaces de cubrir los gastos anuales, lo que no era verídico”.
Añadió, entre otros aspectos, que entregó informes falsos de transparencia a solicitudes enviadas a través de la ley de acceso a la información, e informó falsamente a Contraloría sobre los estados financieros del municipio entre los años 2018 y 2021.
CONTRATACIONES Y PELUCHES
Otro acápite dice relación con el pago indebido de remuneraciones a Andrea Monsalve Saavedra, falsa periodista que estuvo con licencia médica por cuatro años, presuntamente para evitar que la funcionaria divulgara información de carácter relevante. El perjuicio fiscal, según estimaciones de la Fiscalía Oriente, se estima en $110.679.200.
La Fiscalía también cuestiona compras con fondos municipales de collares y regalo publicitarios como mochilas, peluches y kits escolares. Algunos de estas transacciones, según consta en la acusación, fueron justificadas mediante facturas ideológicamente falsas.
Además, la acusación sostiene que, en el ejercicio de su cargo, Cathy Barriga buscó potenciar su imagen pública, pues «informó falsamente al concejo municipal que haría entrega a título gratuito de la marca ‘Fuerza de Mujer’… sin embargo, una vez aprobado dicho financiamiento, procedió de manera subrepticia a inscribir –con cargo a fondos municipales– a su nombre personal la referida marca, propiedad que mantiene vigente actualmente y hasta el año 2028”, asegura el documento.
BENEFICIO PERSONAL
El Ministerio Público también cuestionó la contratación de una cuidadora, Andrea Fuentes Pérez, quien fue empleada en funciones de limpieza al interior del municipio, cuando sus verdaderas labores consistían en el “cuidado directo y personal de uno de los hijos” de la entonces jefa comunal, tanto en el país como fuera de este.
Del mismo modo, habría utilizado recursos públicos en la contratación de la empresa “Legalcorp” para el seguimiento de causas judiciales, tanto de ella como de su marido, Joaquín Lavín León.
La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 26 de enero de 2026, a las 9:30 horas, en la sala 101 del edificio D, ubicada en el Centro de Justicia de Santiago.
