Mientras Cathy Barriga insiste en su inocencia y su defensa busca reabrir la investigación, la acusación presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente instala una pregunta de fondo que trasciende lo judicial: ¿qué perdió Maipú como consecuencia directa del desorden financiero y el presunto fraude en la administración municipal?
El documento de casi dos mil páginas no solo enumera delitos ni cuantifica montos. También dibuja un cuadro más amplio: una municipalidad que, durante años, habría funcionado sobre la base de cifras maquilladas, deudas ocultas y reasignaciones irregulares que terminaron impactando en áreas esenciales para la vida cotidiana de una de las comunas más grandes del país.
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SERVICIOS BÁSICOS BAJO PRESIÓN
Según el Ministerio Público, el perjuicio fiscal de la administración de Cathy Barriga supera los $32.884 millones. Pero más allá de la magnitud de la cifra, lo que resulta más delicado es el destino original de esos recursos. Mantención de áreas verdes, alumbrado público, recolección de basura, infraestructura urbana y servicios básicos quedaron progresivamente debilitados por deudas acumuladas con proveedores clave, como ocurrió con la empresa encargada del retiro de residuos domiciliarios, que registra una acreencia cercana a los $2.400 millones.
El deterioro financiero también impactó en empresas ligadas a obras públicas y prestación de servicios urbanos, generando un efecto dominó que afectó la capacidad operativa del municipio y la continuidad de servicios esenciales para los vecinos.
EDUCACIÓN Y RECURSOS DESVIADOS
El caso de la educación municipal también ilustra esta lógica. Fondos destinados exclusivamente al fortalecimiento de la educación pública habrían sido utilizados para compras sin relación con ese objetivo, incluyendo kits entregados a estudiantes de colegios privados y productos utilizados con fines promocionales. En paralelo, jardines infantiles y establecimientos públicos continuaban operando con restricciones presupuestarias estructurales.
A ello se suma la utilización de recursos estatales para la adquisición de productos que, según la fiscalía, tuvieron un propósito más comunicacional que educativo, profundizando el cuestionamiento sobre el uso real de fondos públicos destinados a niños y niñas de la comuna.
INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y OPACIDAD FINANCIERA
La situación del SMAPA, el servicio municipal de agua potable y alcantarillado, es aún más elocuente: el incumplimiento del 98,3% de las inversiones comprometidas ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios se tradujo en casi $17 mil millones no ejecutados en infraestructura sanitaria. En términos concretos, menos obras, menor mantención y un servicio más precario para miles de hogares.
La fiscalía sostiene que para sostener este modelo se habría recurrido sistemáticamente a la falsificación de cuentas públicas y a la entrega de información falsa a la Contraloría, ocultando déficits millonarios que impedían una fiscalización real. Así, durante años, la situación financiera del municipio habría sido presentada como estable, mientras internamente se acumulaban pasivos que hoy condicionan severamente a la administración actual.
El proceso judicial recién entra en su fase decisiva, con una audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 3 de febrero. Pero más allá de la eventual condena o absolución, el caso de Cathy Barriga deja instalada una discusión mayor: cómo una gestión municipal puede afectar directamente la calidad de vida de una comunidad cuando la opacidad financiera reemplaza al interés público.
La bicicleta financiera de Cathy Barriga: cómo desvío de dineros desfinanció áreas clave para Maipú https://t.co/ylz0bA31XJ vía @biobio
— pablo perez (@pablope47026603) January 11, 2026
