El Partido Republicano ha anunciado que, tras el receso de vacaciones, presentará una acusación constitucional (AC) contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, debido a su implicación en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
La iniciativa cuenta con un apoyo significativo de Chile Vamos, mientras que el Partido Demócrata ha mostrado apertura a analizar el libelo. El caso ha generado preocupación en el gobierno, que ha desplegado intensas gestiones para frenar la ofensiva.
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La acusación ha ganado apoyo en Chile Vamos, mientras que Demócratas estudia su postura. Fernández, una figura cercana al presidente Gabriel Boric y miembro del Partido Socialista, enfrenta un complejo escenario político, ya que la vinculación de su apellido con Allende añade una carga simbólica significativa para la izquierda.
El Tribunal Constitucional rechazó tramitar un recurso interpuesto contra Fernández por su participación en la operación de venta al Estado de la casa de su abuelo, por un monto de $933 millones.
No obstante, la apuesta republicana ha estado siempre enfocada en la acusación constitucional, cuyo ingreso a la Cámara de Diputados está programado para marzo.
DECISIÓN EN DEMÓCRATAS
Inicialmente, en Chile Vamos se consideró crear una comisión investigadora para revisar el papel de los funcionarios involucrados en la transacción, pero el avance de una investigación de la Fiscalía sobre un posible fraude al fisco ha inclinado la balanza hacia el apoyo al libelo.
La UDI y RN ya han manifestado su predisposición a respaldarlo, mientras que los votos de Demócratas podrían ser decisivos para su aprobación.
La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, afirmó que el partido evaluará la acusación desde el punto de vista jurídico y político. Sostuvo que el gobierno fue advertido de los problemas de la compraventa y que la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, fue una consecuencia de estos errores, mientras que Fernández y el PS aún no han asumido responsabilidades.
Desde La Moneda, se ha desplegado un fuerte lobby para impedir que la AC contra Maya Fernández prospere. Funcionarios del gobierno han mantenido conversaciones con senadores de oposición con quienes la ministra ha construido vínculos durante su gestión.
En el oficialismo confían en que Demócratas no se alinee con la derecha y que esta iniciativa fracase, al igual que las seis acusaciones constitucionales previas contra ministros del actual gobierno.
