El exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) lanzó duras críticas al Presidente José Antonio Kast y al titular de Justicia, Fernando Rabat, por los decretos de rebaja de condenas otorgados a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
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El socialista cuestionó la distancia entre las promesas de campaña del mandatario y las decisiones adoptadas por su administración. “Kast en su campaña prometió mano dura contra la delincuencia y hoy su gobierno libera a pedófilos y violadores de derechos humanos”, afirmó en declaraciones publicadas por La Tercera.
Elizalde también puso en duda el compromiso del Ejecutivo con la protección de la infancia y vinculó esta controversia con otras decisiones gubernamentales. “¿Al gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares le rebajan las condenas a los pedófilos”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen tras la polémica por 56 decretos de rebaja de condenas para personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Hasta el jueves, el Ministerio de Justicia defendía su actuación argumentando que los criterios de la Corte Suprema impedían aplicar las restricciones incorporadas en 2022 a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de esa normativa.
Sin embargo, este viernes la cartera anunció la suspensión de nuevas tramitaciones mientras impulsa cambios legales para restringir el acceso a estos beneficios.
Elizalde cuestiona la defensa de Rabat
El exministro responsabilizó directamente a Fernando Rabat por la firma de los decretos y rechazó que la jurisprudencia judicial justificara la decisión administrativa.
“Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con invocar una supuesta jurisprudencia para justificar las decisiones administrativas que son de su exclusiva responsabilidad, tal como afirmó la Presidenta de la Corte Suprema”, señaló.
Elizalde también cuestionó que existiera un criterio judicial único que obligara al Gobierno a conceder las rebajas de condenas. Según planteó, los fallos sobre esta materia contienen interpretaciones diferentes, por lo que, a su juicio, no era posible afirmar que hubiera una obligación inequívoca de otorgar los beneficios.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el Ejecutivo debió defender ante los tribunales la aplicación de la norma que excluyó a condenados por delitos sexuales contra menores del acceso a estas reducciones.
El debate por la interpretación de la ley
El socialista recordó que, cuando ejercía como senador, respaldó la Ley 21.421. Durante su tramitación, según relató, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que la normativa se aplicaría a las solicitudes presentadas después de su publicación, sin importar la fecha del delito o de la condena.
Elizalde utilizó ese antecedente para cuestionar el argumento de Rabat y diferenciar el cumplimiento de una sentencia judicial de la decisión de extender ese criterio a otros casos mediante decretos administrativos.
“Fernando Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una sentencia judicial dictada en un caso concreto y otra muy distinta es extender su criterio a terceros mediante actos administrativos y olvidando el efecto relativo de las sentencias”, afirmó.
Además, explicó que las resoluciones judiciales no constituyen automáticamente una instrucción general para resolver todas las solicitudes de la misma manera, ya que cada caso debe analizarse dentro de su marco jurídico.
Elizalde agregó que, durante administraciones anteriores, las autoridades rechazaban solicitudes de este tipo y defendían sus decisiones cuando eran impugnadas ante la justicia.
“Frente a una exclusión establecida expresamente por el legislador, lo razonable era no conceder administrativamente estos beneficios y defender esa decisión ante los tribunales si era impugnada”, concluyó.
La controversia por las rebajas de condenas abrió así un nuevo frente de críticas al Gobierno de Kast, mientras el Ministerio de Justicia busca modificar la normativa para evitar que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios.
